Autoridades federales detectan un esquema de fraude fiscal en la Defensa que involucra triangulación y contratos sobrevaluados.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una exhaustiva investigación por fraude fiscal en la Defensa contra una compleja red de empresas. Estas compañías lograron adjudicarse contratos que rondan los cuatro mil 200 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). En consecuencia, las autoridades fiscales encendieron las alarmas debido al volumen de capital público comprometido.
De acuerdo con los reportes de la FGR, las empresas bajo sospecha suministraban al Ejército desde uniformes, telas y maquinaria, hasta colorantes e insumos estratégicos como refacciones y armamento. Sin embargo, las auditorías revelaron graves anomalías operativas. En uno de los contratos analizados, por ejemplo, los peritos detectaron un sobreprecio escandaloso que asciende a los 175.6 millones de pesos. Por lo tanto, el caso ha tomado prioridad en la agenda judicial.
Millonarios contratos bajo la lupa de la FGR
Documentos oficiales confirman que son nueve las empresas involucradas que cerraron más de 60 contratos vigentes con la institución militar. Según la fiscalía, este grupo criminal estructuró un esquema diseñado minuciosamente para simular operaciones financieras. Debido a esto, se ejerció acción penal directa contra Mario Alfonso ‘N’, quien fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril dentro de la causa penal 448/2025.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, el juez de la causa otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Este periodo está próximo a vencer, mientras se permitió al imputado seguir el proceso en libertad condicional. Asimismo, otros integrantes de su núcleo familiar, como su medio hermano Eduardo Alejandro ‘N’ y su madre Patricia ‘N’, figuran activamente en las actas comerciales. Ellos aparecen, juntos o por separado, como accionistas o representantes legales de las firmas constituidas entre 2008 y 2013.
Red familiar y el auge de contratos con la milicia
A pesar de que estas empresas operaban desde años atrás, su bonanza económica se multiplicó de forma exponencial durante la presente administración de la ‘4T’. A partir del año 2019, el conglomerado logró asegurar 44 contratos comerciales por un monto superior a los tres mil millones de pesos. Por esta razón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) profundizó las revisiones contables para deslindar responsabilidades.
La indagatoria formal de la FGR comenzó tras una serie de minuciosas auditorías coordinadas por el SAT. Esta dependencia identificó una clara triangulación de recursos públicos con empresas fantasma por un monto de 200 millones de pesos. Como resultado de estos hallazgos, el fisco determinó créditos fiscales globales que suman 179 millones de pesos contra los contribuyentes señalados. Por consiguiente, las vías legales para los implicados comenzaron a cerrarse de manera definitiva.
Empresas fantasmas y el millonario fraude fiscal en la Defensa
En el desglose de las firmas auditadas, la compañía Nicela destaca de forma particular al aplicársele el procedimiento GAD-85000. Durante mayo de 2022, el SAT le fijó un crédito fiscal por 98.1 millones de pesos tras detectar operaciones simuladas por 130 millones de pesos. Por otro lado, la empresa Intman enfrentó el proceso GAD9000007/21, donde se le determinó un adeudo fiscal de 95.7 millones de pesos por simular operaciones de 40 millones de pesos.
Otras razones sociales de la misma red que registran créditos fiscales por montos de entre 1.1 y 4.6 millones de pesos son Introm Textil, Caroem Construcciones y Operadora Safrat. Adicionalmente, las investigaciones apuntan a que estas entidades compartían patrones de transferencia similares. Así, el mecanismo del fraude fiscal en la Defensa quedó al descubierto para las autoridades ministeriales.
Tribunales ratifican anomalías e ilegalidad financiera
Aunque Nicela e Intman impugnaron estas resoluciones mediante juicios de nulidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la validez de los créditos fiscales. Por si fuera poco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo 385/2025 solicitado por los representantes de Nicela. De este modo, la justicia federal respaldó la actuación de la Secretaría de Hacienda.
En ambas instancias jurídicas quedó plenamente acreditado que las empresas carecían por completo de trabajadores reales o de la capacidad material mínima para prestar los servicios facturados. Además, realizaron transacciones financieras con proveedores que no contaban con activos fijos. En conclusión, las evidencias confirman un daño patrimonial severo operado a través del esquema de fraude fiscal en la Defensa.
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