FGR desmantela red criminal de Raúl Rocha Cantú. Empresario, exfuncionarios y jueces involucrados en huachicol, tráfico de armas y sobornos a cárteles.
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La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, la dirección de una presunta red de delincuencia organizada. Esta estructura compleja incluye narcotráfico, huachicol (robo de hidrocarburos) y tráfico de armas. La causa penal 495/2025, girada el 15 de noviembre, indica que 13 personas enfrentan orden de aprehensión por ser parte de esta red criminal de Raúl Rocha Cantú. El grupo reúne a exservidores públicos, operadores del sector energético, agentes judiciales, empresarios de seguridad privada y funcionarios judiciales.
El Empresario Encabezaba la Estructura Económica
Las investigaciones señalan directamente a Raúl Rocha Cantú como el cabecilla de las operaciones. Él es dueño de empresas energéticas y el copropietario del certamen Miss Universo. Los expedientes lo ubican como el principal financista e inversionista en la compra de hidrocarburos robados y el responsable de la estructura económica de la organización. Adicionalmente, Rocha habría pagado a funcionarios y operadores logísticos para obtener información confidencial y protección institucional sobre las investigaciones en su contra. De hecho, la FGR documentó que la red suministraba combustible robado, armas de fuego y recursos logísticos a cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra.
Perfiles Clave en la Red Delictiva
Entre los colaboradores más cercanos que enfrentan orden de aprehensión, destacan:
- Jacobo Reyes León (“El Licenciado”): Inició su carrera como policía ministerial y fue comisario de Seguridad Pública en Acolman. Es señalado como socio de la empresa de seguridad Valbon Servicios Integrales. La FGR considera que esta empresa se utilizaba para blanqueo de recursos, compra y venta de armas y combustible ilícito, y facturación simulada. Su papel clave consistía en ser el principal enlace con funcionarios judiciales para obtener información confidencial. El expediente refiere que Reyes León disponía de un centro de distribución de huachicol en Huehuetoca, Estado de México.
- Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”): Es un empresario vinculado a la seguridad privada. Ha sido señalado por participar en esquemas de desvío de recursos públicos como la Estafa Maestra y Segalmex. En la investigación de la FGR, aparece como operador logístico y financiero. Se le atribuye el uso de empresas de seguridad privada y contratos públicos para lavar dinero y participar en la compra, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y armas.
- Daniel Roldán Morales (“El Inge”): Es el responsable de las operaciones técnicas y administrativas de la red. Estaba encargado de transferir ganancias y distribuir combustible robado en estaciones de servicio.
- Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”): Fue responsable de la logística técnica para almacenar, manejar y trasladar hidrocarburos robados. Específicamente, supervisaba la infraestructura utilizada para ocultar carrotanques, pipas y otros vehículos de transporte ilícito.
Funcionarios Judiciales Implicados
La protección y funcionamiento de la organización se apoyó en una red de corrupción dentro de la FGR y el Poder Judicial:
- Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”): Agente del Ministerio Público Federal de la FEMDO. Se le acusa de entregar información privilegiada sobre expedientes clave a cambio de pagos en efectivo de los operadores de Rocha.
- Paul Manrique Miranda (“Comandante”): Comandante de la FGR (FEMDO). Se documentó que negociaba y exigía pagos en dólares a presuntos operadores de huachicol a cambio de favores procesales y protección en carreteras federales.
- Elizabeth Muzquiz Pineda: Jueza federal en Querétaro. Es mencionada por su posible intervención para favorecer judicialmente a miembros de la organización.
La FGR solo ha informado la detención de una funcionaria federal. Sobre Raúl Rocha Cantú, se sabe que se acogió a un criterio de oportunidad como testigo colaborador, pero su estatus jurídico depende de la ratificación de los elementos de prueba en una audiencia.
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