René Gavira enfrenta su séptimo proceso penal mientras la auditoría sigue revelando irregularidades financieras en Segalmex
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó una nueva imputación contra René Gavira Segreste, exadministrador de Seguridad Alimentaria Mexicana, por un presunto desfalco superior a los 13 millones de pesos. Esta acusación se deriva de un contrato de mantenimiento destinado a la sede del organismo en Zacatecas, el cual fue otorgado mediante adjudicación directa a la Inmobiliaria Terbix S.A. de C.V. en agosto de 2019. Según las investigaciones, aunque se pagaron exactamente 13.8 millones de pesos para obras de conservación, la empresa únicamente instaló estructuras metálicas de contenedores que quedaron inconclusas; por lo tanto, la FGR acusa desfalco al detectar que los servicios contratados nunca se ejecutaron conforme a la ley.
Expedientes judiciales acumulados
Con este nuevo proceso, el exfuncionario ya suma siete expedientes judicializados en su contra, mientras permanece recluido en el Reclusorio Norte desde el año 2023 enfrentando cargos por peculado y uso ilícito de atribuciones. El Ministerio Público sostiene que este caso específico forma parte de un esquema de corrupción mayor que involucra a otros siete excolaboradores, quienes también resultaron citados para audiencias iniciales. Asimismo, la denuncia presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Segalmex resalta que existió un acuerdo doloso para pagar por servicios inexistentes; de esta forma, la FGR acusa desfalco dentro de una red que ha comprometido más de 2,639 millones de pesos en diversos juicios penales activos.
Impunidad en altos mandos
A pesar del avance en las detenciones de subordinados y mandos medios, Ignacio Ovalle, quien fuera el director general de la institución durante el periodo de las irregularidades, permanece sin enfrentar cargos legales. Mientras que la Secretaría Anticorrupción señala que el marco legal vigente resulta insuficiente para sancionar faltas graves, el desfalco total en la desaparecida dependencia se estima cercano a los 15 mil millones de pesos. La ausencia de acciones contra el exdirector mantiene el descontento social sobre el alcance real de la justicia; en consecuencia, el hecho de que la FGR acusa desfalco contra administradores operativos contrasta significativamente con la libertad de quien encabezó el organismo más polémico de la administración federal reciente.
