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Expropiaciones para el Tren Maya se intensifican en Quintana Roo y Campeche

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A medida que se acerca la inauguración del Tren Maya, programada para el 15 de diciembre de 2024, el gobierno federal de México ha intensificado las expropiaciones de tierras ejidales en Quintana Roo y Campeche. A pesar de las críticas y preocupaciones sobre el proceso, las autoridades han emitido nuevos decretos para formalizar la adquisición de terrenos necesarios para el ambicioso proyecto ferroviario.

Recientemente, se han expropiado 2,070 metros cuadrados del ejido Nuevo X-Can en el municipio de Lázaro Cárdenas y 4.5 hectáreas del ejido Andrés Quintana Roo en Felipe Carrillo Puerto, ambos en Quintana Roo. Las indemnizaciones establecidas para estos ejidos son de 112,500.03 pesos y 2,338,969.70 pesos, respectivamente, según los avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

En Campeche, el proceso también avanza con la expropiación de 19.88 hectáreas del ejido 20 de Noviembre en Calakmul, que será indemnizado con 2,945,684.13 pesos, y 4,000 metros cuadrados del ejido Chiná, con una compensación de 751,300 pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estas acciones, afirmando que son esenciales para el desarrollo de infraestructura pública y servicios de transporte en la región.

Sin embargo, estas decisiones han suscitado reacciones mixtas entre los ejidatarios y la comunidad. Aunque algunos reconocen los beneficios económicos que podría traer el proyecto, otros expresan su preocupación por la falta de transparencia y la equidad en el proceso de expropiación. La situación ha generado un debate intenso sobre los derechos de propiedad y el desarrollo sostenible en las comunidades afectadas.

La administración de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., se encargará de gestionar los pagos de las indemnizaciones correspondientes, con el objetivo de mitigar el impacto social de las expropiaciones. A medida que el proyecto avanza, la atención se centrará en cómo se manejarán las inquietudes de la comunidad y si se garantizarán los derechos de los ejidatarios en el futuro.

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