El exmandatario denunció que las imputaciones en su contra buscan desviar la atención sobre la problemática económica nacional
La Paz, Bolivia. El expresidente Evo Morales reacciona tras orden emitida por las autoridades judiciales de Bolivia, asegurando públicamente que los intentos de detención en su contra no lograrán intimidar su postura política. El antiguo jefe de Estado fijó su posicionamiento luego de que el Ministerio Público girara un mandamiento de aprehensión por su supuesta implicación en las protestas de mayo y junio.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
Respuesta a los señalamientos
Mediante un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario aseveró que la administración federal busca culpabilizarlo por las movilizaciones para distraer la atención pública sobre la crisis económica del país. Asimismo, la antigua figura presidencial acusó que el modelo gubernamental vigente ha desamparado a las comunidades y protege esquemas de corrupción institucionalizada.
Por consiguiente, el político de 66 años enfatizó que mantendrá su lucha política junto a los sectores sociales para defender la soberanía y la justicia social en el territorio nacional. En consecuencia, el dirigente rechazó las imputaciones levantadas por el fiscal Brayan Melgar, quien le atribuye la presunta autoría de actos de terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía estatal.
Antecedentes de la investigación
Paralelamente, la representación social incluye cargos por asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectaciones contra los medios de transporte y servicios públicos. Por lo tanto, el expediente judicial contempla también a dos dirigentes sindicales tras las demandas impulsadas por liderazgos cívicos del departamento de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
Finalmente, este proceso penal deriva de los bloqueos de carreteras sostenidos durante siete semanas por campesinos paceños y la Central Obrera Boliviana para solicitar la dimisión del presidente Rodrigo Paz. De esta forma, la confrontación institucional en la nación sudamericana suma un nuevo episodio crítico de tensión política entre el oficialismo y los grupos sociales opositores.








