Documentos federales detallan la entrega de cuotas en efectivo a mandos policiales y fiscales para frenar investigaciones y proteger laboratorios clandestinos.

Por Agenda QR- La penetración institucional del Cártel de Sinaloa quedó expuesta en un nuevo expediente de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. En primer lugar, fiscales de los Estados Unidos presentaron documentos que desglosan la entrega de sobornos mensuales mediante una narconómina a funcionarios sinaloenses. Estos servidores públicos estaban vinculados a las tareas de seguridad y procuración de justicia. Por consiguiente, el informe judicial describe una red de protección diseñada por la facción de “Los Chapitos”. El objetivo principal era garantizar la impunidad y la continuidad del tráfico transnacional de estupefacientes.

Mecánica de la filtración y protección policial

De acuerdo con las evidencias, la organización criminal enviaba recursos en efectivo al jefe de plaza en Culiacán. Además, estas entregas venían acompañadas de listas explícitas con nombres, cargos públicos y montos asignados. Los registros judiciales indican que las cuotas ordinarias para mandos locales fluctuaban entre los 30 mil y los 300 mil pesos mensuales. Por lo tanto, este dinero configuraba un subsidio corporativo para neutralizar la acción de la justicia dentro del estado.

Por otra parte, entre los perfiles de alto nivel resalta el nombre de Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal general de Sinaloa. Los operadores criminales asignaron a este funcionario la clave “Culiacán Regio”. El documento sostiene que Castro Zaavedra recibía un estipendio de 200 mil pesos mensuales. A cambio de este dinero, el exvicefiscal entorpecía las indagatorias institucionales. De igual manera, los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, figuran en la lista. Ambos recibían percepciones de 300 mil pesos mensuales para liberar a operadores retenidos y bloquear los esfuerzos de captura.

Implicaciones en la seguridad estatal y laboratorios de fentanilo

Asimismo, el alcance de los sobornos afectó las esferas más altas de la seguridad en la entidad. El expediente involucra de manera directa al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. La fiscalía norteamericana afirma que el exmando militar cobraba más de 100 mil dólares mensuales en efectivo. En consecuencia, agencias de inteligencia documentaron que Mérida Sánchez filtró información clasificada. El exfuncionario alertó al cártel sobre al menos 10 operativos tácticos dirigidos contra laboratorios de drogas sintéticas durante el año 2023.

Debido a estas filtraciones tempranas, las organizaciones delictivas evacuaban los complejos de producción rápidamente. También retiraban precursores químicos y destruían evidencias antes del arribo de la Marina y el Ejército Mexicano. Por esta razón, la parálisis operativa deliberada se vincula directamente con la estrategia de Washington contra el tráfico de fentanilo. Esta ofensiva se intensificó tras las fracturas internas del grupo criminal derivadas de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Funcionarios acusados en el mismo expediente (Sin monto desglosado en este reporte)

Las siguientes personas integran formalmente la lista de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la misma investigación de protección a la célula criminal, aunque no detalla la cifra exacta de sus cuotas:

• Rubén Rocha Moya – Gobernador con licencia de Sinaloa.
• Enrique Inzunza Cázarez – Senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
• Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
• José Antonio Dionisio Hipólito (El Tornado) – Exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
• Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán.
• Juan Valenzuela Millán (El Juanito) – Excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.