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Empresarios de Quintana Roo exigen cambios urgentes a la Ley de Expropiación durante reunión con Cristina Torres

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Líderes del sector empresarial en Quintana Roo han manifestado su intención de modificar la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, en un esfuerzo por garantizar un balance entre los intereses públicos y privados. Durante una reunión celebrada recientemente con la Secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres Gómez, los empresarios expresaron su preocupación por los efectos que la legislación vigente podría tener en la inversión y el desarrollo sostenible en la región.

La ley, que fue aprobada con 17 votos a favor y tres en contra, amplió las razones para la expropiación de bienes privados, pasando de 12 a 25 justificaciones. Este cambio ha suscitado un debate intenso, dado que los empresarios temen que la legislación permita al gobierno estatal ejercer un control excesivo sobre propiedades privadas. Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, enfatizó la necesidad de que la nueva ley ofrezca certeza jurídica a los inversionistas, un aspecto crucial para el crecimiento económico del estado.

Entre las razones para justificar la expropiación se encuentran proyectos de infraestructura pública, especialmente en áreas como el agua potable y el drenaje. Sin embargo, la inclusión de proyectos que podrían ser percibidos como intereses privados disfrazados de beneficio colectivo ha aumentado la desconfianza en la comunidad empresarial. La posibilidad de que se prioricen centros comerciales o desarrollos turísticos bajo la premisa de “bien común” representa un punto de discordia que podría afectar la relación entre los sectores público y privado.

La propuesta de modificación busca crear un reglamento más inclusivo y transparente, que no solo responda a las inquietudes del sector empresarial, sino que también garantice los derechos de los ciudadanos. La construcción de un marco legal que contemple la participación activa de todos los actores involucrados es vista como esencial para evitar futuros conflictos y asegurar una colaboración efectiva entre el gobierno y el sector privado.

En los próximos días, se establecerá un calendario de trabajo que permitirá avanzar en la creación de un reglamento que refleje principios de transparencia y equidad. La urgencia de esta colaboración es evidente, dado el contexto de crecimiento y urbanización que enfrenta Quintana Roo, donde la certeza y seguridad jurídica son fundamentales para atraer inversiones y asegurar el bienestar de la comunidad.

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