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El 11 de septiembre de 2024, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma judicial que ha generado un intenso debate en el país, con 86 votos a favor y 41 en contra. La larga sesión, que comenzó en la sede del Senado en Insurgentes y Reforma, se trasladó a la Casona de Xicoténcatl al inicio de la madrugada. Este avance legislativo marca un hito significativo en la transformación del Poder Judicial en México, pero también despierta preocupaciones sobre la independencia judicial y el impacto en la democracia.

La reforma establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los magistrados de circuito y jueces de distrito, serán elegidos por voto popular. Esta medida, que busca aumentar la participación ciudadana en la selección de los altos funcionarios judiciales, también incluye disposiciones que obligan a los tribunales a resolver los casos en un plazo máximo de seis meses. La propuesta ha sido vista como un intento por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de consolidar su influencia sobre el sistema judicial, lo que ha suscitado críticas por parte de la oposición.

Durante la discusión, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, destacó que “hay mayoría calificada” y que, por lo tanto, la reforma fue aprobada. Sin embargo, el camino hacia su implementación aún está por definirse, ya que los senadores ahora deben abordar los artículos reservados y debatir los detalles específicos de la reforma. Los legisladores también deberán enfrentar la presión de las organizaciones de derechos humanos y grupos civiles que advierten sobre los riesgos de politización del sistema judicial.

Entre los puntos más controvertidos de la reforma se encuentra la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que era responsable de la administración y supervisión del Poder Judicial. En su lugar, se creará un Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá la autoridad para investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial que incurran en actos contrarios al interés público. Esta transformación podría alterar significativamente la independencia de los jueces y magistrados, en un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales es ya frágil.

El debate sobre la reforma judicial continuará en un clima de tensión política, donde el equilibrio entre la independencia judicial y la rendición de cuentas se convierte en un tema crucial. Con la aprobación de esta reforma, el Senado ha dado un paso decisivo que podría redefinir la estructura del sistema judicial mexicano, pero también plantea serias interrogantes sobre el futuro de la justicia en el país.