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El gobierno de Quintana Roo ha logrado revocar la primera suspensión obtenida a través de un juicio de amparo contra la conocida “Ley Chaleco”, la cual establece la obligación para los motociclistas de portar un chaleco y casco con el número de placa impreso. Esta decisión se produce tras un fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito que consideró que la suspensión contravenía el interés público, dado que la ley busca mejorar la seguridad vial en la entidad.

La controversia surgió cuando un motociclista obtuvo una suspensión provisional el 28 de octubre, permitiéndole eludir temporalmente las regulaciones impuestas por el artículo 218 bis de la Ley de Movilidad. En respuesta, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado impugnó la suspensión, argumentando que su aplicación es esencial para la seguridad de la comunidad, y que eximir a un individuo de tales normativas debilitaría la eficacia de las medidas de seguridad vial.

En el resolutivo con número 331/2024, el tribunal falló a favor del gobierno estatal, indicando que el juez federal no debió otorgar la suspensión. La decisión enfatizó que permitir la circulación sin restricciones podría causar perjuicio a la comunidad, resaltando la necesidad de regular el movimiento de vehículos en vías públicas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Actualmente, la “Ley Chaleco” no se aplica en ningún municipio del estado, y el Congreso local había otorgado un plazo de 60 días naturales a los ayuntamientos para adecuar sus reglamentos de tránsito, tiempo que ya ha expirado. La anulación de la suspensión es parte de un patrón más amplio, donde el gobierno estatal ha impugnado repetidamente las suspensiones ganadas por motociclistas en los últimos meses, buscando así la implementación efectiva de la ley.

Con esta decisión, el gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso con la regulación del tránsito y la seguridad vial, mientras que los motociclistas continúan enfrentando un entorno legal incierto. La situación sigue generando debate en la comunidad, donde la balanza entre la seguridad y la libertad individual permanece en el centro de la polémica.

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