En entrevista exclusiva con el periodista Miguel Aquino para Agenda QR, Juan Martín Pérez García advierte sobre la normalización del castigo y el abandono estatal.
Por Agenda QR..- En una conversación profunda y reveladora con el periodista Miguel Aquino en el espacio de Agenda QR, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes para la Infancia, presentó una radiografía alarmante sobre la situación de los menores en el país. El análisis, marcado por el rigor del contexto actual tras la conmemoración de la lucha contra el maltrato infantil, señala que México posee leyes avanzadas pero una implementación fallida que permite la perpetuación de agresiones físicas bajo la máscara de la educación familiar.
El impacto de la disciplina física en el desarrollo de la infancia en México
Pérez García detalló que el 60% de los niños, niñas y adolescentes en México están sujetos a métodos de disciplina violenta. Esta cifra no es solo un indicador de maltrato físico, sino una advertencia sobre daños neuronales irreversibles que afectan la capacidad de los menores para socializar y confiar en su entorno. Según el especialista, la “romantización” del castigo físico como método de crianza tradicional impide ver que la violencia física deja marcas profundas en la constitución del cerebro durante la infancia.
La gravedad del problema se refleja en los ingresos hospitalarios: un promedio de 12 menores llega cada mes a centros de salud con lesiones físicas severas. Sin embargo, Aquino y Pérez García coincidieron en que existe un subregistro masivo, ya que la mayoría de los incidentes ocurren en la privacidad del hogar y son desestimados por la sociedad hasta que las consecuencias son fatales o requieren intervención quirúrgica.
La precariedad económica como factor de riesgo en la infancia del país
El entorno de vulnerabilidad se agrava con el dato de que el 45% de la infancia mexicana vive en condiciones de precariedad económica. Durante la entrevista, se enfatizó que la pobreza no genera violencia por sí misma, pero cuando se combina con la falta de políticas preventivas y entornos comunitarios criminalizados, los menores quedan expuestos al reclutamiento forzado. En estados como Chiapas, la infancia es cooptada para funciones de sicariato o autodefensas, una realidad que el Estado ha sido incapaz de frenar.
Pérez García fue enfático al señalar que la respuesta oficial suele ser el “populismo punitivo”. Desmintió la narrativa que criminaliza a la juventud, informando que de los 2.3 millones de delitos registrados en 2024, menos del 1.6% involucraron a adolescentes. Esta estadística subraya que el problema no es la falta de severidad en las penas, sino la existencia de redes de macrocriminalidad que operan con total impunidad.
El fracaso de la política criminal y el entorno digital
La discusión en Agenda QR también abordó la seguridad en entornos digitales. El especialista argumentó que el debate no debe centrarse en prohibir el acceso a las redes sociales, lo cual sería violatorio de los derechos humanos, sino en regular a las empresas tecnológicas que diseñan algoritmos basados en el consumo adulto y el odio. La falta de acompañamiento y supervisión estatal en estos espacios deja a los niños a merced de plataformas que no están diseñadas para su protección.
Finalmente, Pérez García lamentó ante Miguel Aquino la indiferencia de la clase política. Al no representar un capital electoral inmediato, la infancia queda fuera de las prioridades presupuestales. Mientras la corrupción e impunidad sigan siendo la norma, el derecho a una infancia libre de violencia continuará siendo una aspiración lejana en la agenda nacional.
