Ejecuciones fallidas en Estados Unidos suman al menos 64 casos desde 1976; Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales en Tennessee.
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El caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante un intento de ejecución en Tennessee, volvió a poner bajo escrutinio los procedimientos de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
Pike recibió las dos dosis el miércoles 30 de septiembre de 2026, pero continuó con vida y fue trasladada a un centro médico para recibir atención. El Departamento Correccional de Tennessee aseguró que el personal siguió el protocolo establecido, aunque el resultado de la ejecución fue distinto al previsto.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y anunció una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido.
El episodio se suma a una serie de incidentes documentados durante la aplicación de la pena capital en ese país. Según los datos recopilados por la organización Death Penalty Information Center (DPIC), hasta mayo de 2026 se habían registrado al menos 64 ejecuciones fallidas o con problemas graves desde la reanudación de las ejecuciones en 1976. De esos casos, 51 involucraron la inyección letal.
Por otra parte, un estudio del académico Austin Sarat contabilizó 276 ejecuciones fallidas entre 8 mil 776 procedimientos realizados entre 1890 y 2010, equivalentes a aproximadamente 3.15 por ciento.
Ejecuciones fallidas en Estados Unidos: los casos de 2026
Antes del caso de Pike, Tennessee registró otro intento de ejecución que no pudo completarse. El 21 de mayo, las autoridades intentaron ejecutar a Tony Carruthers, condenado por tres asesinatos cometidos en 1994.
De acuerdo con sus abogados, el equipo encargado logró establecer una vía intravenosa, pero no pudo colocar una segunda después de una hora y media de intentos y 12 pinchazos. Carruthers regresó a su celda y posteriormente aplazaron su ejecución un año.
La situación de Pike volvió a generar cuestionamientos sobre los protocolos estatales. Sus abogados habían advertido sobre posibles dificultades para administrar la inyección letal y, tras el procedimiento, denunciaron que la mujer continuó con vida pese a recibir las dos dosis.
El Departamento Correccional sostuvo que cumplió las disposiciones vigentes, que no contemplan procedimientos adicionales a las dos administraciones previstas. La investigación deberá aclarar las circunstancias del incidente.
Descargas eléctricas e inyecciones que no lograron completar la ejecución
Los antecedentes incluyen fallas con diferentes métodos de ejecución y problemas relacionados con el acceso a las venas, la administración de los fármacos y el funcionamiento de los equipos.
Alabama, 14 de julio de 1989: Horace Franklin Dunkins Jr. necesitó dos descargas eléctricas para completar su ejecución. Después de la primera, que no consiguió matarlo, el capitán de la guardia abrió la puerta de la sala de testigos y reconoció que posiblemente habían conectado mal los enchufes.
Ohio, 15 de septiembre de 2009: Romell Broom. El personal intentó durante más de dos horas encontrar una vena adecuada, pero no lo consiguió. El gobernador Ted Strickland ordenó suspender el procedimiento. Las autoridades programaron un nuevo intento, pero Broom murió en diciembre de 2020 por COVID-19 mientras permanecía en el corredor de la muerte.
Ohio, 16 de enero de 2014: Dennis McGuire. Las autoridades utilizaron una combinación de dos fármacos que nunca habían empleado antes en una ejecución. El procedimiento provocó una agonía de aproximadamente 25 minutos, según los reportes del caso.
Oklahoma, 29 de abril de 2014: Clayton Lockett. Durante la administración de una combinación de medicamentos utilizada por primera vez en el estado, Lockett se retorció y jadeó durante unos 40 minutos antes de morir por un ataque al corazón.
Arizona, 24 de julio de 2014: Joseph Wood. Condenado por un doble asesinato, murió casi dos horas después de recibir la inyección letal, tras permanecer más de una hora en agonía.
Los intentos suspendidos por dificultades médicas
Ohio, 15 de noviembre de 2017: Alva Campbell. Las autoridades cancelaron su ejecución unos 80 minutos después de la hora programada porque no lograron acceder a sus venas. Campbell murió en prisión el 3 de marzo de 2018, debido a sus enfermedades terminales.
Alabama, 22 de febrero de 2018: Doyle Lee Hamm. Pese a las advertencias de su abogado sobre las dificultades para encontrar una vena, el personal inició el procedimiento. Las autoridades lo suspendieron cerca de la medianoche, cuando vencía la autorización para ejecutar la sentencia. Hamm murió en prisión en noviembre de 2021 por cáncer y linfoma.
Ohio, 15 de noviembre de 2017: Alva Campbell. El caso también quedó registrado entre los intentos fallidos de ejecución por inyección letal debido a la imposibilidad de establecer una vía intravenosa.
Alabama acumuló varios incidentes durante 2022
Joe Nathan James Jr., 28 de julio de 2022. Su ejecución se prolongó durante aproximadamente tres horas debido a las dificultades para establecer una vía intravenosa. Una autopsia posterior documentó múltiples pinchazos, hematomas y una incisión en el brazo.
Alan Miller, 22 de septiembre de 2022. El personal intentó durante unos 90 minutos establecer una vía intravenosa sin conseguirlo. Las autoridades suspendieron el procedimiento y posteriormente cambiaron el método de ejecución a hipoxia por nitrógeno. Miller murió mediante ese método el 26 de septiembre de 2024.
Kenneth Eugene Smith, 17 de noviembre de 2022. Las autoridades cancelaron el intento cuando determinaron que no tenían tiempo suficiente para colocar una segunda vía intravenosa antes de que expirara la orden de ejecución. Cinco días después, la gobernadora Kay Ivey ordenó detener temporalmente las ejecuciones y revisar los procedimientos. Smith murió el 25 de enero de 2024 mediante hipoxia por nitrógeno.
Idaho también suspendió un intento de ejecución
Thomas Creech, 28 de febrero de 2024. Las autoridades suspendieron su ejecución después de ocho intentos durante aproximadamente 58 minutos para establecer una vía intravenosa, sin éxito. Un segundo procedimiento, previsto para noviembre de ese año, también quedó suspendido antes de realizarse.
Los casos muestran que las dificultades para ejecutar sentencias de muerte no se limitan a un solo estado ni a un método específico. La administración de medicamentos, el acceso vascular y los problemas técnicos han provocado suspensiones, aplazamientos y procedimientos prolongados.
El caso de Christa Pike vuelve a colocar estas cuestiones en el centro de la atención pública. La investigación anunciada en Tennessee deberá determinar qué ocurrió durante la administración de las dos dosis de pentobarbital y qué medidas adoptarán las autoridades después del incidente.
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