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Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro al imponer sanciones a 21 funcionarios, entre ellos altos mandos de las fuerzas de seguridad y miembros de su círculo cercano. Esta medida se toma en respuesta a su presunta participación en el fraude electoral ocurrido el 28 de julio y en acciones represivas contra opositores, destacando la creciente preocupación internacional por la falta de democracia en Venezuela.

Entre los sancionados se encuentran figuras clave como Daniella Desiree Cabello Contreras, hija del ministro del Interior, y otros altos funcionarios como Aníbal Coronado, ministro de Despacho de la Presidencia, y Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación. La lista incluye también a jefes de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, quienes han sido acusados de implementar órdenes de Maduro para reprimir la disidencia y violentar los derechos humanos de los ciudadanos.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha indicado que estos funcionarios no solo ignoraron la voluntad popular, que en teoría habría elegido a Edmundo González Urrutia como presidente, sino que también llevaron a cabo detenciones masivas y violentaron el derecho de reunión pacífica. Estas acciones han forzado a muchos opositores a buscar el exilio, lo que ha desatado un clima de temor en el país.

Bradley T. Smith, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, condenó las acciones represivas del régimen, señalando que estas son un intento de silenciar las voces de los ciudadanos y debilitar la democracia en Venezuela. “Seguiremos tomando medidas contra aquellos que utilicen la violencia y la intimidación para restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión”, declaró Smith, reafirmando el compromiso de EE. UU. con la defensa de la democracia en la región.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha sancionado a más de 2,000 individuos vinculados a la corrupción y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las sanciones recientes buscan no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro al régimen de Maduro sobre las consecuencias de sus acciones en el ámbito internacional.

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