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Dictan nuevo auto de formal prisión a Tomás Yarrington

Dictan auto de formal prisión a Tomás Yarrington por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por Agenda QR

Ciudad de México – La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo un auto de formal prisión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Este dictamen, emitido por el juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México con sede en Toluca, responde a su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Yarrington fue gobernador durante el periodo 1999-2004.

Agravantes de pena

El Ministerio Público Federal acusó al ex gobernador priísta de haber realizado estos delitos ejerciendo funciones de dirección, administración y supervisión. Por consiguiente, la pena que se le dicte podría incrementarse, dado su anterior estatus de funcionario público. La implicación de su cargo en los presuntos ilícitos agrava significativamente su situación legal.

Historial judicial tras el auto de formal prisión a Tomás Yarrington

Se debe recordar que el pasado abril, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) e Interpol México pusieron a disposición de un juez a Yarrington Ruvalcaba. Fue ingresado en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno, conocido como “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, estado de México. Allí, permanece preso tras ser entregado por autoridades de Estados Unidos mediante una deportación controlada.

Acusaciones acumuladas

El auto de formal prisión que se informa en esta ocasión se suma a otros dictados en su contra previamente. El 16 de abril de este año, recibió uno por delitos contra la salud. Asimismo, el 22 de mayo de este año se le dictó otro por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que complejiza su caso judicial.

De esta forma, se han dictado autos de formal prisión en contra de Yarrington Ruvalcaba en tres procesos distintos. Estos incluyen delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todos ellos conllevan una penalidad agravada, demostrando la seriedad de las acusaciones acumuladas en su contra.

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