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En un giro significativo en la lucha contra la corrupción en el sector inmobiliario, Francisco Pérez Lobato, exdirector jurídico de Gigante Grupo Inmobiliario, fue detenido en Tulum tras estar prófugo durante más de ocho meses. Esta detención surge en el contexto de una investigación por un fraude millonario que supera los 200 millones de pesos, relacionado con el fallido desarrollo del complejo residencial SÚUT en Playa del Carmen.
Pérez Lobato, quien operaba a través de Desarrollos Turísticos LT, es acusado de desviar fondos destinados a la construcción de este lujoso complejo habitacional. Las autoridades han revelado que el empresario utilizó indebidamente un crédito de 90 millones 600 mil pesos, otorgado específicamente para el proyecto. Además, se le atribuye el desvío de recursos obtenidos de la preventa de los 91 departamentos que debían conformar el complejo, lo que ha dejado a numerosos compradores y a instituciones financieras con pérdidas significativas.
El abogado de los denunciantes, Gabriel Castañeda, ha señalado que durante la gestión de Pérez Lobato y su hijo, Ian Pérez López, se realizaron transferencias millonarias que, según las investigaciones, fueron utilizadas para adquirir propiedades de lujo y bienes personales, en lugar de ser invertidos en la construcción del complejo. Este escándalo no solo refleja la mala administración de los fondos, sino también un posible esquema de fraude sistemático que afecta a muchos inversionistas.
El proyecto, que prometía convertirse en un ícono de lujo en la Riviera Maya, permanece actualmente abandonado. Las estructuras están en un estado de deterioro evidente, con ventanas rotas y daños por las inclemencias del tiempo, evidenciando el fracaso de una promesa de desarrollo que nunca se materializó. A pesar de la detención de Francisco Pérez, su hijo continúa prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.
La captura de Pérez Lobato fue el resultado de una colaboración entre las autoridades de Quintana Roo y la Ciudad de México, y marca un paso importante hacia la rendición de cuentas en un sector que ha enfrentado numerosas denuncias de fraude en los últimos años. Los afectados exigen justicia y la recuperación de sus inversiones, mientras la constructora Carsa se deslinda de responsabilidades, afirmando que no mantiene vínculos con Pérez Lobato desde hace más de seis meses.
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