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Desmantelan 18 cámaras de videovigilancia no autorizadas en Playa del Carmen

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen llevaron a cabo un operativo el 10 de abril de 2025, desmantelando 18 cámaras de videovigilancia que habían sido instaladas sin la debida autorización en diversas calles de la ciudad. Este acto pone de relieve la creciente preocupación por la legalidad y la ética de la vigilancia en espacios públicos.

La importancia de la regulación

De acuerdo con un comunicado emitido por la SSC, estas cámaras se encontraban en infraestructuras tanto municipales como estatales, incluyendo postes de alumbrado público. La dependencia subrayó que para operar, estos dispositivos deben contar con un registro oficial y autorización, ya que su funcionamiento sin los permisos correspondientes podría comprometer la privacidad de los ciudadanos y la integridad de las investigaciones policiales.

Coordinación en la intervención

El desmantelamiento fue realizado en colaboración con la Policía Municipal y el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4), además de integrantes del Grupo Centurión de la SSC. Este esfuerzo coordinado tiene como objetivo no solo retirar las cámaras no autorizadas, sino también verificar la legalidad de otras que pudieran estar operando en la ciudad.

Compromiso con la seguridad y la legalidad

La SSC ha afirmado que continuará realizando verificaciones para asegurar que todas las cámaras de videovigilancia cumplan con la normativa vigente. Este compromiso surge en un contexto donde la vigilancia y el monitoreo en espacios públicos son temas de debate, especialmente en relación con el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Reacciones de la comunidad

La respuesta de la comunidad ha sido mixta. Mientras algunos ciudadanos apoyan la acción de la SSC como un paso necesario para proteger la privacidad, otros expresan preocupación por la falta de transparencia en el uso de tecnología de vigilancia. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales.

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