Testimonios clave expusieron las reuniones secretas para desaparecer evidencias del caso Ayotzinapa en el Palacio de Justicia
Ciudad de México. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, anunció oficialmente que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ordenó desaparecer evidencias del caso Ayotzinapa, según revelaron los análisis de inteligencia de la dependencia federal, lo cual motivó el operativo judicial que derivó en la captura del exmandatario por su presunta implicación en el encubrimiento de los acontecimientos registrados en septiembre de 2014 en Iguala.
Operación dolosa desde el ejecutivo estatal
Durante el encuentro con los medios de comunicación, la titular del organismo explicó que las indagatorias comprobaron cómo las instrucciones para ocultar información surgieron directamente de la cúpula del poder gubernamental; por consiguiente, las autoridades ministeriales descartaron que la pérdida de las grabaciones del Palacio de Justicia obedeciera a una simple falla técnica o descuido administrativo.
Desaparecer evidencias del caso Ayotzinapa
El testimonio de un segundo colaborador protegido obtenido en mayo de 2026 confirmó que el entonces mandatario instruyó a sus colaboradores cercanos a borrar todo rastro del crimen; asimismo, este tipo de declaraciones permitió establecer la responsabilidad directa de altos funcionarios que conspiraron deliberadamente para desaparecer evidencias del caso Ayotzinapa.
Garantías del proceso y líneas abiertas
La titular de la institución enfatizó que el expediente permanece en etapa de integración y que cada acción investigativa se apega estrictamente a las garantías constitucionales; de este modo, el poder judicial mantendrá en sigilo los delitos específicos imputados mientras avanzan los plazos legales del juicio contra el imputado.
El arresto representa un hito dentro de las pesquisas sobre la suerte de los 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”; de esta forma, el gobierno federal mantiene abiertas múltiples vertientes operativas para deslindar responsabilidades tras más de 12 años de la tragedia, frenando los intentos históricos por desaparecer evidencias del caso Ayotzinapa.
