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La obra pública en Quintana Roo ha experimentado un desplome significativo en su actividad, con una caída del 65% en el valor de producción entre enero y agosto de 2024. Este descenso se produce tras un periodo de auge que comenzó en agosto de 2022, cuando las inversiones gubernamentales impulsaron un crecimiento notable. En contraste, el sector privado ha demostrado un dinamismo excepcional, registrando un crecimiento del 72% en el mismo periodo, lo que plantea serias inquietudes sobre la sostenibilidad y la planificación del desarrollo en la región.

En 2023, la inversión pública alcanzó su punto máximo con 11,727 millones de pesos en septiembre. Sin embargo, la tendencia ha sido descendente, evidenciada por la drástica baja registrada en agosto de 2024, cuando la inversión pública se situó en niveles alarmantemente bajos. Por el contrario, el sector privado cerró agosto con una producción de 1,330 millones de pesos, reflejando una demanda creciente que parece no ser atendida adecuadamente por el gobierno.

Este cambio en la dinámica de inversión ha afectado la posición de Quintana Roo en el panorama nacional de la construcción. Si bien en junio de este año el estado lideraba con un 11.6% de la producción nacional, para agosto descendió al segundo lugar, con solo un 6.8%. Nuevo León superó a Quintana Roo con un 11.1%, lo que pone de manifiesto la urgencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales para recuperar la competitividad.

La contracción en la inversión pública sugiere un futuro incierto para los proyectos de infraestructura que son vitales para el crecimiento sostenible del estado. A medida que el sector privado sigue creciendo, surge la preocupación de que la falta de coordinación y apoyo gubernamental pueda llevar a un desarrollo desigual, donde solo algunos sectores se beneficien del auge económico.

Con el sector privado prosperando y la obra pública en declive, las autoridades de Quintana Roo enfrentan un desafío crítico. La necesidad de una estrategia integral que fomente la inversión pública y privada se vuelve cada vez más urgente, para garantizar que el crecimiento de la región sea equitativo y sostenible, beneficiando a toda la población y no solo a unos pocos.

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