La Asociación Mexicana de Internet señala que los conceptos jurídicos abiertos en la regulación de audiencias pueden vulnerar la libertad editorial
Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Internet advierte que el proyecto de lineamientos para proteger los derechos de las audiencias contiene conceptos jurídicos indeterminados que pueden generar incertidumbre regulatoria y propiciar decisiones discrecionales contrarias a la libertad de expresión. Durante este mes de agosto de dos mil veintintrés, el organismo institucional reconoció los aspectos positivos de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, destacando la importancia de preservar un equilibrio normativo sin otorgar al Estado facultades para calificar la veracidad editorial. Asimismo, la asociación subraya que la regulación de medios debe proteger los derechos colectivos sin trasladar a la autoridad administrativa la decisión sobre qué información califica como adecuada o suficiente.
Puntos clave y aspectos positivos
El posicionamiento destaca cuatro avances relevantes que deben conservarse, como la consolidación de las personas defensoras de las audiencias para solucionar controversias de forma temprana antes de aplicar sanciones. También resalta la obligación de contar con códigos de ética enfocados en la autorregulación interna y la incorporación de medidas específicas de accesibilidad para personas con discapacidad. Sin embargo, la agrupación enfatiza que la ausencia de parámetros metodológicos claros sobre la información falsa o descontextualizada incrementa considerablemente el margen interpretativo de la autoridad y fomenta la autocensura.
Recomendaciones prioritarias y alfabetización mediática
Para evitar riesgos de control indirecto sobre el periodismo, la asociación propone reincorporar un catálogo especializado para la protección de niñas, niños y adolescentes, además de establecer definiciones precisas sobre veracidad y diligencia editorial. Igualmente, se plantea que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico ciudadano constituyan el eje central del modelo regulatorio para combatir la desinformación en la era de la inteligencia artificial generativa. Finalmente, el documento sugiere limitar la revisión de los códigos de ética a requisitos formales y garantizar que cualquier duda normativa priorice la libertad de expresión.
