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Un escándalo se ha desatado en Felipe Carrillo Puerto tras la denuncia presentada por Bruno Martínez, promotor del proyecto Desafío Sak Bej y Balam Nah, quien acusó a trabajadoras de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) de “apoderarse” de 13 bicicletas y cascos que le fueron rentados hace más de dos meses. Según Martínez, el equipo, que incluye bicicletas de guía de turistas, debía ser utilizado en un proyecto con estudiantes de la Universidad Chapingo, pero nunca fue devuelto.

Martínez explica que, tras 50 días de espera, decidió presentar una denuncia de justicia alternativa ante la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a la falta de respuesta por parte de las trabajadoras de la Unorca. La situación se complicó cuando, al investigar en la comunidad de Chanchen Palmar, se enteró de que las bicicletas estaban siendo utilizadas para comprobar recursos de un proyecto asociado a la Unorca, aunque la comunidad no había consentido su uso.

El promotor ha manifestado su deseo de resolver el problema de manera pacífica, solicitando la devolución de su equipo o el pago correspondiente por su valor y los días de renta. La denuncia ha puesto de relieve no solo la problemática de la propiedad privada en la región, sino también la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las organizaciones involucradas.

La intervención de las autoridades de la Unorca y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se vuelve crucial para resolver el conflicto y evitar que situaciones similares se repitan. La comunidad espera que se tomen medidas adecuadas para proteger los derechos de quienes, como Martínez, trabajan para promover proyectos que benefician a la sociedad.

Este caso resalta la tensión existente entre los intereses de organizaciones agrícolas y los derechos de los emprendedores locales, así como la importancia de la rendición de cuentas en el uso de recursos y equipos en proyectos comunitarios.

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