Denuncian a jueza federal en Cancún por acoso laboral y abuso de poder; piden al Tribunal de Disciplina Judicial una investigación urgente y protección.
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El Poder Judicial Federal en Quintana Roo enfrenta una crisis interna tras la formalización de una grave denuncia administrativa. Francisco Rafael Marín Gómez, empleado del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en Cancún, señaló a la jueza María de los Ángeles “N”. La acusación incluye conductas de hostigamiento interno, presión psicológica y diversas represalias contra el personal subordinado. Según el testimonio, el entorno de trabajo se caracteriza por un clima de miedo constante y humillaciones públicas. Por esta razón, el denunciante solicitó la intervención inmediata de las autoridades disciplinarias correspondientes.
Detalles sobre el acoso laboral y el ambiente institucional
El documento presentado detalla que la juzgadora citaba a los trabajadores en su oficina privada para reprenderlos con gritos y agresiones verbales. En un episodio particularmente grave, se afirma que varios secretarios quedaron encerrados en el despacho mientras recibían reclamos airados. Debido a este trato, el promovente asegura haber desarrollado un trastorno de ansiedad generalizada y problemas de hipertensión. Durante el mes de agosto de 2025, un altercado derivó en una crisis física para el trabajador tras ser expulsado de la oficina.
Además del maltrato verbal, el personal reporta una distribución de tareas poco equitativa que funcionaba como castigo. Quienes manifestaban inconformidades recibían una carga de trabajo excesiva mientras otros funcionarios gozaban de supuestos privilegios. Esta dinámica de acoso laboral buscaba presionar a los empleados para evitar que denunciaran las condiciones internas del juzgado. El denunciante sostiene que la salud emocional de los colaboradores se ha deteriorado significativamente por el estrés acumulado bajo esta gestión.
Señalamientos de irregularidades en el desempeño judicial
La denuncia también pone bajo la lupa la eficiencia administrativa del órgano jurisdiccional ubicado en la ciudad de Cancún. Se mencionan retrasos constantes en el inicio de las audiencias y diferimientos injustificados bajo pretextos de fallas técnicas inexistentes. Al finalizar el año 2025, la jueza presuntamente dejó decenas de expedientes sin resolver antes de tomar su periodo vacacional. Estas acciones no solo afectan al personal interno, sino que también generan un rezago que perjudica directamente a los litigantes.
Un apartado del escrito pide investigar específicamente el juicio oral mercantil 1243/2021 por presuntas modificaciones de criterio sospechosas. El trabajador sugiere que existieron reuniones privadas con una de las partes involucradas que pudieron influir en los acuerdos posteriores. Por consiguiente, estas sospechas se suman a la acusación de acoso laboral para conformar un expediente de alta prioridad para la magistrada Celia Maya García. El Tribunal de Disciplina Judicial recibió la solicitud de realizar una visita extraordinaria para verificar el estado de los archivos.
Solicitud de protección ante el acoso laboral persistente
Ante la gravedad de los testimonios, el afectado exigió medidas de protección urgentes para todo el personal que decida testificar. La petición incluye la separación temporal de María de los Ángeles “N” de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones oficiales. Esta medida busca evitar que las represalias continúen y asegurar que las pruebas no sean alteradas durante el proceso indagatorio. El caso cobra relevancia nacional en medio de las discusiones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los tribunales mexicanos.
Hasta el momento, la jueza señalada ha guardado silencio y no ha emitido ninguna postura pública sobre estos señalamientos. Los trabajadores esperan que las instituciones federales actúen con estricto apego a derecho para sancionar cualquier abuso de poder detectado. El fortalecimiento del sistema de justicia depende en gran medida de erradicar el acoso laboral en sus propias filas. La resolución de este conflicto marcará un precedente importante para el respeto a la dignidad humana dentro de los órganos jurisdiccionales del país.
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