El Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, que establece un nuevo sistema de trámites y servicios en el país, basado en datos biométricos y la Llave MX.

Por Agenda QR

El 24 de junio de 2025, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, que establece un nuevo sistema de trámites y servicios en el país, basado en la CURP biométrica y la Llave MX. Esta ley permitirá la interoperabilidad de bases de datos y la creación de un Expediente Digital Ciudadano.

Datos biométricos en CURP y Llave MX

La CURP biométrica se convertirá en la columna vertebral del nuevo sistema, asociado a un número único de atención telefónica. La ley ordena que todas las cuentas de Llave MX estén vinculadas a la CURP del titular, que será reconocida como documento nacional de identificación. Esto significa que se aceptará como identificación oficial sin necesidad de otros documentos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la única responsable de concentrar toda la información. Además, se contempla la creación de un Portal Ciudadano Único de Trámites y un número exclusivo de atención al ciudadano.

Críticas y preocupaciones

Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de críticas. Opositores alertaron sobre la falta de controles en el manejo de información personal y la ausencia de sanciones severas para quienes vulneren las bases de datos. Legisladores expresaron que la digitalización podría convertirse en una herramienta para construir un sistema centralista y autoritario.

La diputada del PRI, Néstor Camarillo, advirtió que la simplificación de trámites no debería utilizarse como excusa para concentrar el poder. Por otro lado, Laura Esquivel del PAN, cuestionó la protección de datos personales, argumentando que la iniciativa podría exponer la información de los ciudadanos.

Implementación y desafíos

A pesar de las preocupaciones, la ley establece que el uso de datos personales requerirá el consentimiento del titular y deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales. Sin embargo, se planteó la duda sobre la capacidad del gobierno para financiar la implementación de este sistema, dado el costo que podría implicar.

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