La Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la Ley General de Población, la cual incorpora la creación de una Plataforma Única de Identidad, destinada a centralizar y gestionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos.
Asimismo, esta herramienta será utilizada por las autoridades para las labores de búsqueda de personas desaparecidas. La minuta ya fue remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación y será la Secretaría de Gobernación, la encargada de integrar los datos biométricos a la CURP en coordinación con los tres órdenes de gobierno. .
Avances legislativos
Las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada fueron aprobadas en lo general, con 438 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular, se registraron 417 votos a favor y 60 en contra. Las reformas a la Ley General de Población obtuvieron 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones en lo general y en lo particular, lograron 345 votos a favor con 129 en contra.
La propuesta, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue considerada de urgente resolución y su rápida aprobación ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos.
CURP biométrica: implicaciones y riesgos
Según lo aprobado, la CURP se convertirá en el documento nacional de identificación obligatorio, estará disponible en formato físico y digital, e incluirá datos como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo o género, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones gestionará la versión digital, y su uso será mandatorio para la autenticación de identidad en trámites públicos y privados.
La nueva Plataforma Única de Identidad permitirá realizar búsquedas automatizadas y alertas en tiempo real sobre personas desaparecidas. Además, se interconectará con diversos registros, como el Sistema Nacional de Búsqueda y bases de datos forenses.
El acceso a esta plataforma estará limitado a autoridades competentes bajo supervisión del Ministerio Público. Ello, garantizará que la información solo pueda consultarse con autorización legal y para los fines establecidos. Sin embargo, existe la preocupación por el acceso no autorizado.
Además, se han establecido sanciones administrativas para quienes impidan el acceso a la información o usen indebidamente la plataforma. Las multas pueden ser de hasta 20.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Preocupaciones de la sociedad civil
Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) han expresado profunda preocupación, enfocando el impacto de la CURP biométrica en los derechos humanos.
La ONG advierte que la creación de una base de datos biométrica masiva y centralizada, administrada por la Secretaría de Gobernación, podría facilitar prácticas de vigilancia estatal y expondría a la población a riesgos de seguridad informática, discriminación e incluso, exclusión social.
R3D señala que la obligación de presentar esta identificación para cualquier trámite o servicio público y privado vulnera el derecho al consentimiento libre e informado. Las personas se verán forzadas a entregar sus datos biométricos para ejercer derechos básicos. Por consiguiente, la preocupación por la privacidad es latente.
La organización también ha manifestado que, aunque el sistema se presenta como una herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas, su implementación podría extenderse a otros fines, si no se cuenta con los controles suficientes sobre su uso y resguardo. “El sistema masivo de bases de datos centralizadas permite que sean aprovechadas para otros fines”, afirmó la ONG.
De igual forma, colectivos de víctimas, como las Madres Buscadoras, han expresado reservas sobre el alcance real de estas reformas. Se refieren a casos de desapariciones ocurridas en años anteriores. Argumentan que los mecanismos propuestos podrían ser útiles en casos recientes. Sin embargo, no atienden adecuadamente las búsquedas de larga data.
En un plazo de 180 días, los estados y municipios deberán armonizar su normativa sobre cementerios, crematorios y panteones. Deberán registrar digitalmente los cuerpos e integrar esta información al Sistema Nacional de Búsqueda.
Por último, las fiscalías deberán remitir informes mensuales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos informes detallarán las acciones emprendidas.
