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El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Sergio Avilés Demeneghi, compareció ante el Pleno de la XVII Legislatura, donde recibió duras críticas por su actuación en temas de violencia política contra la mujer y nombramientos que se han dado en ese órgano jurisdiccional.

Varios diputados de Morena lo cuestionaron por supuestamente defender a Luis Gamero, quien fue sancionado por cometer violencia política de género, lo que le impide ser candidato a un cargo de elección popular en 2024. Los legisladores señalaron que Avilés Demeneghi primero intentó revocar la inhabilitación de Gamero, a pesar de que ya había sido confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y luego acudió a la sala superior del mismo tribunal para insistir en su defensa, donde fue rechazado nuevamente.

Los diputados también le hicieron ver que su comportamiento va en contra del respeto y defensa de las mujeres que han sufrido violencia política, y le pidieron que actuara con imparcialidad y legalidad.

Asimismo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), diputado Humberto Aldana Navarro, expresó su preocupación por la falta de certeza y probidad del TEQROO, ante la cercanía del próximo proceso electoral. Esto por el proceso que no se ha cumplido para nombrar la magistratura que dejó vacante Víctor Vívas, y que en su lugar se ha mantenido irregularmente a Mahogany Acopa Contreras como magistrada suplente.

El diputado Hugo Alday, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, también cuestionó este nombramiento, pues consideró que Mahogany Acopa ejerce como magistrada sin tener el aval del Senado, lo que plantea posibles implicaciones legales y responsabilidades para el magistrado presidente Sergio Avilés, quien no ha establecido un procedimiento formal para lograr dicho nombramiento.

Ante estos hechos, los diputados manifestaron una serie de interrogantes ante el próximo periodo electoral, respecto a estos acontecimientos que generan un debate sobre la transparencia y legalidad de los procedimientos institucionales en Quintana Roo.