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La Cámara de Diputados ha desechado la solicitud de desafuero presentada contra Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal y exgobernador de Morelos, quien enfrenta acusaciones de presunta violación sexual. En una decisión que ha suscitado controversia, la Sección Instructora del órgano legislativo concluyó que la carpeta de investigación remitida por la Fiscalía de Morelos carece de los elementos necesarios para proceder legalmente. Este fallo se dio a conocer durante la segunda reunión extraordinaria de la Sección, presidida por el diputado Hugo Eric Flores, el 20 de marzo de 2025.

La Sección Instructora argumentó que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que impide que se sobrepase el ámbito de sus funciones. Esta decisión ha generado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de las investigaciones en casos de alto perfil, especialmente en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema alarmante en México.

Las acusaciones contra Blanco han sido un tema candente en la política morelense, y su desestimación ha llevado a reacciones diversas entre la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos, que ven este fallo como un retroceso en la lucha por la justicia para las víctimas de violencia sexual. La falta de acción en este caso también plantea preocupaciones sobre la impunidad que enfrentan las denuncias de este tipo, un fenómeno que ha persistido en el país durante años.

A pesar de la decisión de la Cámara, la Fiscalía de Morelos podría continuar investigando el caso por su cuenta, aunque la posibilidad de un juicio parece distante en este momento. La situación también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas que fortalezcan la rendición de cuentas en el ámbito político y que aseguren que los servidores públicos no estén por encima de la ley.

Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco se mantiene en su cargo, lo que plantea interrogantes sobre la moralidad de mantener a un funcionario en posiciones de poder bajo tales acusaciones. La comunidad espera una respuesta clara y contundente de las autoridades que aborde no solo este caso específico, sino también el contexto más amplio de la violencia de género en el país.

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