Los trámites administrativos en dependencias gubernamentales reflejan que la corrupción impacta finanzas de miles de usuarios anualmente
Ciudad de México. El costo derivado de las prácticas ilícitas en el país al gestionar transacciones, trámites o requerimientos ante dependencias gubernamentales alcanzó una suma de 17 mil 707 millones de pesos. Así lo desveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalando que estas anomalías representan una carga económica severa para la población. De igual forma, el gasto promedio para cada individuo perjudicado por estas irregularidades administrativas se situó en 3 mil 865 pesos; por consiguiente, la afectación monetaria menoscaba de forma directa los ingresos familiares en el territorio nacional.
Desconfianza en las instituciones
Las estadísticas recolectadas mediante la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental revelaron que el 84.1 por ciento de los residentes percibe como habituales estas conductas delictivas en el aparato gubernamental. Asimismo, las autoridades estadísticas especificaron que el 15.6 por ciento de los usuarios que interactuó con servidores públicos experimentó de primera mano algún chantaje financiero. Mientras tanto, las cifras demuestran que el panorama de la honestidad institucional enfrenta una severa crisis de legitimidad ante los ojos de los contribuyentes.
Por otra parte, el desglose del estudio precisó que el 86.5 por ciento de los encuestados califica a los cuerpos policiales como corporaciones deshonestas. Dicho porcentaje ubica a los agentes del orden como la entidad con la peor valoración social, situándose incluso por encima de las agrupaciones políticas. Debido a que las facciones partidistas obtuvieron una percepción negativa del 83.9 por ciento, el descontento ciudadano hacia los sectores que gestionan el poder público resulta generalizado.
Círculo cercano y justicia
En contraposición a los bajos niveles de credibilidad gubernamental, el núcleo familiar se consolidó como el ámbito que mayor certidumbre infunde, registrando un respaldo del 84.8 por ciento. Sin embargo, el panorama para las instancias encargadas de procurar la justicia permanece adverso, ya que apenas el 34.1 por ciento confía en las fiscalías estatales. De esta forma, la brecha entre la sociedad civil y las autoridades judiciales se mantiene amplia, complicando las estrategias de denuncia ciudadana en las diferentes entidades federativas.
