La asignación presupuestal mediante los contratos de exgobernadores en Hidalgo y Chiapas permanece bajo supervisión de las autoridades correspondientes
Una investigación del portal EMEEQUIS reveló que las gestiones de Hidalgo y Chiapas asignaron adjudicaciones millonarias a redes vinculadas con el crimen organizado. Un monto global de 327.86 millones de pesos fue otorgado a través de los contratos de exgobernadores hacia firmas de Justo Aurelio Rivera Parrazales. Las corporaciones federales identifican al imputado como el presunto operador económico de las agrupaciones delictivas La Barredora y el Cártel del Noreste. Por consiguiente, los fondos asignados durante los respectivos periodos gubernamentales enfrentan actualmente un estricto escrutinio periodístico y social. De esta forma, las transacciones efectuadas en los sistemas de salud de ambas entidades demuestran la dispersión de fondos hacia esquemas empresariales dudosos.
Contratos bajo sospecha
La distribución del presupuesto fue ejecutada mediante 56 convenios comerciales celebrados con diversas empresas del sector hospitalario y comercialización de equipo especializado. Dichas operaciones ocurrieron en Hidalgo con Omar Fayad de 2016 a 2022, así como con Rutilio Escandón en Chiapas entre 2018 y 2024. Las compañías identificadas en el expediente periodístico incluyen a las razones sociales Inmedicen, Servimedic del Sureste, Inmech y Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral. Asimismo, el reportaje documenta que una porción considerable de los recursos públicos fluyó a través de personas físicas asociadas a la estructura corporativa. En consecuencia, este entramado logístico facilitaba la obtención de financiamiento gubernamental evadiendo el rastreo directo de las firmas comerciales.
Análisis de exgobernadores
El origen de la investigación radica en la captura de Rivera Parrazales, ocurrida el pasado julio en Mérida, Yucatán, tras una movilización federal. Las autoridades correspondientes indagan sus nexos logísticos con organizaciones criminales, al tiempo que diversos reportes periodísticos lo vinculan políticamente con el denominado Grupo Tabasco. Esta facción política mantiene cercanía con el entorno del exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López Hernández. Además, los flujos financieros de los contratos de exgobernadores señalan como beneficiaria a Liz Ariana Juárez Romero por 179 millones de pesos. Mientras tanto, el apoderado legal Josué Ortiz Cruz facturó más de 125 millones de pesos al sector salud hidalguense por proveeduría médica.
Actualidad diplomática
A pesar de las severas revelaciones sobre el manejo presupuestal, ambos exmandatarios desempeñan actualmente funciones de representación diplomática en el servicio exterior mexicano. El político Omar Fayad ejerce funciones como embajador de México en Noruega tras su ratificación por parte de los órganos legislativos nacionales. Por su parte, Rutilio Escandón funge como cónsul general de México en Miami dentro del actual esquema de asignaciones de la cancillería. Sin embargo, el impacto de las revelaciones periodísticas respecto a los contratos de exgobernadorespodría propiciar revisiones exhaustivas por parte de las autoridades fiscalizadoras correspondientes. Por consiguiente, el desarrollo de las investigaciones federales determinará el impacto de estos vínculos financieros sobre el estatus de los funcionarios en el extranjero.
