Contratos electorales por 2,561 mdp: cinco empresas obtuvieron 106 adjudicaciones en 27 institutos locales, según el OIC del INE.
Una red de cinco empresas relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvo contratos electorales por al menos 2 mil 561 millones de pesos durante los últimos 12 años, mediante adjudicaciones realizadas en 27 organismos públicos locales electorales (OPLES).
De acuerdo con una investigación publicada por Reforma, el 77 por ciento de esos recursos, equivalente a mil 883 millones 95 mil pesos, se concentró durante los últimos cinco años.
Los contratos corresponden principalmente al suministro de materiales electorales. Por lo tanto, las cantidades no incluyen otros servicios relacionados con sistemas tecnológicos, logística y operación de los procesos electorales.
La investigación también señala presuntos vínculos empresariales entre Hernández Casillas y Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como posibles mecanismos de coordinación entre proveedores para obtener adjudicaciones.
Contratos electorales: cinco empresas concentran las adjudicaciones
De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, los hermanos de José Alfredo Raymundo Hernández Casillas vincularon sus empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg con otras tres compañías: Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
El análisis identificó coincidencias entre accionistas, representantes legales y apoderados de las cinco sociedades. Además, aparecen familiares, amigos y trabajadores relacionados con los empresarios.
Entre las personas mencionadas figuran Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Patricia Velázquez Sánchez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz y Guillermo Mark Arciniega Kunz.
Cajas Graf obtuvo el mayor monto de contrataciones entre las empresas señaladas. La compañía consiguió mil 72 millones 876 mil 165 pesos mediante contratos con 20 organismos electorales locales.
El reporte indica que esta empresa no fabrica directamente los productos que comercializa, sino que subcontrata los servicios para cumplir con los compromisos adquiridos.
Por su parte, Corporativo Zeg consiguió 278 millones 717 mil 552 pesos. Comercializadora JVLY obtuvo 208 millones 396 mil 239 pesos.
Formas Finas y Materiales acumuló 815 millones 961 mil 175 pesos, mientras que Seriplast de México recibió 85 millones 123 mil 981 pesos.
Señalan posible simulación de competencia en licitaciones
Uno de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los procedimientos de contratación pública.
De los 106 contratos identificados en 27 OPLES, solamente 53 se realizaron mediante licitaciones públicas.
Durante una comparecencia ante diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Cervante, señaló que las empresas habrían simulado competencia en distintos procedimientos.
Según explicó, algunas compañías presentaban propuestas económicas elevadas para incrementar artificialmente los precios de referencia. Posteriormente, las ofertas más económicas eran descalificadas por supuestos incumplimientos técnicos.
De esta manera, otra empresa podía obtener el contrato con una propuesta de mayor costo.
El funcionario describió este mecanismo como una posible estructura de colusión entre participantes de las licitaciones.
En 24 de los 53 procedimientos donde participaron las cinco compañías, Cajas Graf y Formas Finas coincidieron. En otros 15 también intervino Corporativo Zeg.
Asimismo, en ocho licitaciones participaron Cajas Graf y Corporativo Zeg, mientras que en otras dos coincidieron Formas Finas y Zeg.
Estas coincidencias forman parte de los elementos señalados por la Contraloría para explicar el posible funcionamiento de la red empresarial.
UIF congeló cuentas y continuaron los contratos electorales
La investigación también documenta que, durante 2023 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló decenas de cuentas relacionadas con las compañías mencionadas.
Además, se reportaron procedimientos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por posibles prácticas monopólicas.
Pese a estos antecedentes, las empresas continuaron obteniendo contratos públicos, según la información difundida.
Comercializadora JVLY, que enfrenta procedimientos por diversas irregularidades, consiguió adjudicaciones por más de 208 millones de pesos.
El caso plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de las compras electorales, particularmente en los organismos estatales encargados de organizar los comicios.
