Documentan red de contrabando de combustible en Tamaulipas con contratos millonarios a empresas del ‘Rey del Huachicol’.

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Las investigaciones sobre el financiamiento ilícito en la función pública cobran relevancia nacional. Recientemente, informes periodísticos de N+ Focus revelaron graves irregularidades en el norte del país. La documentación expone que el contrabando de combustible en Tamaulipas estuvo entrelazado con la política local durante años. Por lo tanto, las redes corporativas ligadas a esta actividad ilícita continuaron operando sin ser desmanteladas. Además, los expedientes muestran adjudicaciones millonarias a firmas vinculadas a Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”.

Entre las figuras señaladas se encuentra Héctor Joel Villegas, actual secretario de Gobierno de Tamaulipas. Durante su gestión como presidente municipal de Río Bravo, el ayuntamiento otorgó contratos por más de 15 millones de pesos. Dichos recursos fueron asignados a empresas integradas a la red del contrabandista asesinado en noviembre de 2021.

Contratos a empresas fachada y pagos por financiamiento

El municipio de Río Bravo asignó cinco contratos para pavimentación y arrendamiento de maquinaria. Las compañías beneficiadas eran operadas por la esposa de Julio Carmona, hermano del presunto huachicolero. Según testimonios recabados, estas asignaciones de obra pública funcionaban como retribución por el financiamiento de campañas políticas. Por esta razón, el dinero público terminó beneficiando a estructuras privadas señaladas por lavado de dinero.

Las inspecciones físicas a los domicilios fiscales revelaron graves inconsistencias en la infraestructura. Dos de las empresas comparten una dirección en Reynosa que corresponde a un edificio abandonado. Por su parte, la firma restante registró un domicilio en una plaza comercial donde nadie la conoce. Asimismo, calles supuestamente rehabilitadas como 5 de Mayo y Caoba presentan un evidente deterioro físico.

Vínculos en aduanas y evasión fiscal a gran escala

Las conexiones entre los involucrados se remontan a su paso por la función pública federal. El hoy secretario de Gobierno coincidió en la Aduana de Reynosa con el hermano de Carmona. Dicho familiar se desempeñó como supervisor y posteriormente como administrador del recinto fiscal. De acuerdo con las indagatorias, la presencia en puntos clave facilitaba la tramitación de permisos de importación.

El esquema principal de ganancias provenía de la evasión de impuestos mediante la declaración falsa de combustibles. Los cargamentos ingresaban al país registrados falsamente como aceites y lubricantes para omitir aranceles. Cabe señalar que los controles en las fronteras terrestres del norte presentan dinámicas distintas a los operativos en las zonas portuarias del país.

Adjudicaciones en otros municipios y advertencias internacionales

La red de asignaciones benefició de igual manera a otros ayuntamientos del estado como Altamira. En enero de 2022, dicho municipio adjudicó un contrato de 2.9 millones de pesos para la renta de maquinaria. Las investigaciones confirman que esta compañía también formaba parte del entramado operado por la misma familia.

Por consiguiente, dependencias internacionales han encendido las alarmas sobre el impacto de estas operaciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos advirtió sobre el uso de estos recursos. Las ganancias generadas por el contrabando de combustible en Tamaulipas sirven para financiar campañas y cooptar cargos estratégicos en áreas de finanzas y obras públicas.

Impunidad y falta de investigaciones locales

A pesar de las denuncias presentadas ante instancias ministeriales y electorales, los funcionarios señalados no enfrentan procesos penales. La falta de acciones judiciales mantiene intactos los vínculos entre los grupos dedicados al tráfico de hidrocarburos y las estructuras gubernamentales.

Por esta razón, diversos sectores sociales exigen una revisión exhaustiva de los expedientes de contratación. Se requiere la intervención directa de las autoridades federales de fiscalización para sancionar el desvío de recursos públicos hacia redes delictivas.

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