Un juez federal confirmó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente usurpó funciones federales al autorizar el desarrollo inmobiliario Alux 33
Puerto Morelos, QR. Un juzgado federal determinó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del gobierno estatal incurrió en usurpación de funciones al otorgar de manera irregular una autorización en materia ambiental para el desarrollo inmobiliario conocido como Alux 33, ubicado en el municipio costero de Puerto Morelos. La agrupación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano notificó este resolutivo legal derivado del juicio de amparo 959/2025G-1, estableciendo que la competencia exclusiva sobre dichos ecosistemas con presencia de humedales y manglares corresponde estrictamente a la federación.
Revocación de permisos
El fallo judicial anula el documento emitido por la dependencia estatal, la cual había validado el proyecto inmobiliario situado cerca de la avenida Niños Héroes a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había negado previamente la manifestación ambiental federal por invadir zonas protegidas. Asimismo, la sentencia judicial complementa una decisión previa emitida en junio de este año, donde otro tribunal invalidó la licencia municipal de construcción otorgada sin la debida supervisión de las normativas ecológicas federales vigentes.
Justificaciones inválidas
Ante los cuestionamientos públicos, el titular de la SEMA, Óscar Rébora, y el subsecretario Carlos Manrique habían defendido previamente la legalidad del permiso argumentando que el predio presentaba vegetación secundaria y carecía de conectividad con el manglar, restando validez jurídica a una opinión técnica emitida en 2022 que recomendaba una veda de veinte años por deforestación ilegal. Sin embargo, el juez federal dictaminó que la alteración temporal o la aparente ausencia de ejemplares arbóreos no exime la jurisdicción federal sobre los terrenos costeros.
Precedente institucional
La resolución judicial obliga a la dependencia estatal a revocar formalmente el permiso expedido y emitir una nueva resolución donde reconozca públicamente su incompetencia legal para evaluar obras en áreas de influencia hidrológica costera. Para las organizaciones ambientalistas, este dictamen sienta un precedente fundamental que obliga a las instituciones locales a frenar la invasión de competencias federales y someter a revisión rigurosa otras licencias otorgadas en zonas ecológicamente vulnerables de la entidad.
