La compra de guantes eléctricos del ICE por 16.7 millones de dólares desató críticas de legisladores y activistas.
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El debate sobre los métodos de contención y uso de la fuerza en procedimientos migratorios tomó un nuevo giro internacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos adjudicó un contrato sin licitación por 16.7 millones de dólares para la adquisición de 6 mil guantes con capacidad para administrar descargas eléctricas. Por lo tanto, la agencia pretende emplear esta herramienta para someter a personas que muestren resistencia durante arrestos, traslados o disturbios en centros de detención.
El acuerdo comercial se formalizó con la empresa Compliant Technologies LLC, ubicada en Kentucky, estableciendo un costo individual de 2 mil 495 dólares por cada pieza. Asimismo, el convenio contempla la entrega de equipo de apoyo técnico y servicios de mantenimiento. De esta manera, la entidad gubernamental busca incorporar tecnología de punta en sus operativos cotidianos.
Características de la tecnología adquirida y argumentos del ICE
Los dispositivos, conocidos por sus siglas en inglés como GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter), funcionan como un guante convencional hasta que el agente activa el mecanismo. Al contacto con la piel, el sistema emite una descarga eléctrica dolorosa orientada a lograr la sumisión de la persona detenida. Por esta razón, la agencia clasificó el equipo como un dispositivo conductor de distracción y desescalada.
En sus reportes justificativos, la dependencia federal sostuvo que la compra de guantes eléctricos del ICE proporcionará una alternativa de menor impacto frente a las armas de fuego u otros instrumentos letales. Igualmente, las autoridades argumentaron que carecían de una herramienta sin armas que permitiera controlar situaciones de resistencia activa o pasiva de forma rápida, reduciendo así la fuerza física durante los enfrentamientos.
Cuestionamientos de legisladores y defensores de derechos humanos
Sin embargo, el anuncio provocó una ola de rechazo por parte de legisladores demócratas y organizaciones civiles de derechos humanos. La senadora Catherine Cortez Masto, junto con otros 15 senadores, exigió la cancelación inmediata del contrato debido a las dudas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y la seguridad médica de las personas sometidas. Por consiguiente, los críticos advirtieron sobre posibles violaciones a los derechos constitucionales durante las detenciones civiles.
De igual forma, los congresistas demandaron transparencia total respecto a los protocolos de capacitación, las medidas de supervisión y los mecanismos de rendición de cuentas que se aplicarán tras cada despliegue. Cabe señalar que los documentos de licitación no detallaron los procedimientos específicos para fiscalizar el uso de esta tecnología en el campo de trabajo.
Postura del Departamento de Seguridad Nacional
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la licitación y acusó a los sectores críticos de intentar desarmar a las fuerzas de seguridad federales. Un vocero oficial aseguró que el ICE evalúa constantemente las necesidades de su personal y que todo equipo utilizado cumple estrictamente con las políticas policiales aplicables.
Finalmente, el debate sobre la compra de guantes eléctricos del ICE continúa abierto mientras diversos organismos internacionales monitorean la implementación de estos dispositivos en los procesos de custodia e interpolación migratoria.
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