Los comités de evaluación unificarán sus criterios profesionales para depurar las listas de candidaturas mediante exámenes y tómbola pública
Ciudad de México. La Cámara de Senadores recibió de manera formal una propuesta de modificación a la Carta Magna promovida por la administración federal, la cual busca postergar la fecha de las votaciones para renovar los cargos de impartición de justicia de forma integral. El proyecto plantea que las elecciones originalmente programadas para el siguiente año se trasladen formalmente hasta el cuatro de junio de dos mil veintiocho con el propósito de rediseñar las dinámicas de votación ciudadana. La iniciativa fue presentada personalmente por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en compañía de la consejera jurídica Luisa María Alcalde; por lo tanto, el aparato legislativo iniciará el análisis de una reforma que busca evitar un colapso organizativo debido a la complejidad inédita por candidaturas del modelo previo.
Calendario legislativo y alcances del sufragio
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por Laura Itzel Castillo, recibió los documentos correspondientes antes del mediodía en una reunión donde también participó el legislador Ignacio Mier. Las bancadas del oficialismo prevén convocar a un periodo de sesiones extraordinarias para desahogar el dictamen a la brevedad; asimismo, se proyecta la aprobación final en los Congresos estatales antes del cierre del mes actual. La modificación establece que los comicios judiciales de dos mil veintiocho coincidirán temporalmente con un eventual ejercicio de revocación de mandato presidencial. Las evaluaciones del Ejecutivo determinaron que la cantidad de puestos en disputa generaba una complejidad inédita por candidaturas, requiriendo el aplazamiento para garantizar la viabilidad del proceso democrático nacional.
Rediseño técnico de las boletas electorales
El nuevo esquema restrictivo establece que la renovación abarcará cuatro magistraturas de la Sala Superior electoral, cuatrocientos sesenta y tres magistrados de circuito, trescientos ochenta y cinco jueces federales de distrito y más de tres mil puestos locales distribuidos en veinticinco estados. Para simplificar la jornada, los Comités de Evaluación de los tres Poderes reducirán de tres a dos los perfiles finalistas por cada especialidad mediante un método que combinará exámenes de conocimientos e insaculación pública. De igual forma, el Instituto Nacional Electoral segmentará el territorio nacional en distritos judiciales específicos; en consecuencia, cada ciudadano elegirá únicamente a un juzgador por materia. El proyecto prohíbe además la intervención de representantes de partidos políticos y mandata la unificación de casillas ordinarias para reducir costos operativos, mientras disminuye la complejidad inédita por candidaturas.
