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Un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela una preocupante realidad: a pesar del discurso anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, no ha obtenido una sola sentencia condenatoria por delitos de corrupción desde 2018. Este dato, que contrasta con la narrativa oficial, pone en entredicho la voluntad del gobierno para combatir este flagelo.
Sebastián Arcos, investigador de MCCI, señaló en entrevista para este medio que “no existe ninguna carpeta de investigación iniciada que haya sido judicializada o que haya terminado con alguna sentencia condenatoria, ya sea en juicio real o procedimiento abreviado”. Arcos destaca que la Auditoría Superior de la Federación solo ha encontrado “mínimas cantidades” que requieren justificación por parte de los institutos, cifras “inmensamente diferentes” a los desvíos millonarios en Segalmex o en la Función Pública.
La falta de resultados en el combate a la corrupción se suma a la estrategia de desmantelamiento de órganos autónomos como el INAI, acusados sin fundamento de corrupción e ineficiencia. “Se trata de debilitarlos con base en argumentos fáciles de corroer”, afirma Arcos, quien coincide con la senadora Claudia Anaya Mota en que “la supuesta corrupción es una falacia inventada para justificar el derrumbe de las instituciones”.
La FGR, además de no haber logrado sentencias condenatorias, carece de un plan de persecución penal estratégico público. “No publicar ese plan también es un delito”, sentencia Arcos, quien subraya la falta de “incentivos para iniciar investigaciones hacia un oficialista” debido a la captura de las instituciones y el desbalance de poder.
En conclusión, el discurso anticorrupción del gobierno de AMLO se desmorona ante la falta de resultados concretos y la evidencia de un posible desmantelamiento de las instituciones encargadas de combatir este problema. La ausencia de sentencias condenatorias por corrupción desde 2018 plantea serias dudas sobre la verdadera voluntad del gobierno para enfrentar este flagelo que tanto daño ha causado a México.
Desmantelamiento del INAI: una amenaza para la transparencia y el acceso a la información pública en México
Sebastián Arcos, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advirtió en una reciente entrevista sobre las graves consecuencias del desmantelamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con la desaparición del INAI, el acceso a los 15,000 millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que cubren a 7,407 instituciones gubernamentales, queda en entredicho.
Arcos explicó que sin el INAI, los ciudadanos tendrán que depender exclusivamente de filtraciones o de la discrecionalidad de las autoridades para obtener información pública. Esto representa un retroceso significativo, comparado con la facilidad de enviar solicitudes de información a cualquier nivel de gobierno desde cualquier lugar del país que antes ofrecía la plataforma. La desaparición del INAI no solo afecta el acceso a la información, sino también la protección de datos personales en un contexto global cada vez más digitalizado.
El investigador señaló que ahora hay que estar atentos a las leyes secundarias que se desarrollarán a partir de este proceso. La incertidumbre prevalece sobre el destino de los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia y cómo se gestionará el acceso a la información en el futuro. Arcos enfatizó que, en ausencia del INAI, las nuevas generaciones de periodistas y ciudadanos enfrentarán un entorno donde la voluntad discrecional de las autoridades determinará qué información se hace pública.
Arcos también expresó su escepticismo sobre la nueva agencia que supuestamente generará nuevas bases de datos. Citó el ejemplo del “Tianguis Digital” en la Ciudad de México, un proyecto que prometía transparencia pero no cumplió con sus objetivos. “Difícilmente veo a un gobierno siendo juez y parte en temas de transparencia”, declaró Arcos, subrayando la necesidad de organismos independientes que medien entre los ciudadanos y el gobierno.
En este nuevo escenario, el periodismo de investigación enfrentará retos similares a los de finales de los años 90, cuando los periodistas dependían de fuentes confidenciales y enfrentaban presiones para revelar sus informantes. Con la desaparición del INAI, México podría estar regresando a una época de autoritarismo en la gestión de la información pública.
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