Clave Única Catastral genera debate en el Senado; la oposición alerta sobre posibles aumentos del predial y riesgos para municipios.

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El Senado de la República aprobó la creación de la Clave Única Catastral, una plataforma nacional para registrar los inmuebles del país. La reforma generó un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición por sus posibles efectos en el impuesto predial.

La nueva herramienta concentrará información de casas, departamentos, terrenos, bodegas, naves industriales, plantas de producción, talleres y locales comerciales. También incluirá templos, escuelas y centros culturales, entre otros inmuebles.

Los senadores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde rechazaron que la reforma tenga como objetivo aumentar los impuestos inmobiliarios. Sin embargo, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que podría facilitar una actualización de los valores catastrales y, con ello, elevar el cobro del predial.

La oposición también cuestionó los alcances de la plataforma federal. Según sus integrantes, la medida podría afectar las atribuciones de los ayuntamientos para administrar sus catastros y definir criterios relacionados con el impuesto.

El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con el proceso correspondiente a su entrada en vigor.

Oposición advierte un posible aumento del predial

Los legisladores opositores señalaron que la Clave Única Catastral podría facilitar una revaloración de las propiedades. Si los valores catastrales aumentan, advirtieron, los municipios podrían utilizar esas referencias para modificar el monto del impuesto predial.

No obstante, la aprobación de la plataforma no implica por sí misma un incremento automático de ese gravamen. El impacto dependerá de las disposiciones aplicables y de las decisiones que correspondan a las autoridades competentes.

La senadora panista Guadalupe Murguía expresó su preocupación por una posible intervención federal en facultades que corresponden al ámbito local.

“ No queremos que esto sea utilizado como pretexto por la Federación para invadir atribuciones que no son propias de la Federación”, señaló.

Además, advirtió que los aumentos en los impuestos inmobiliarios podrían repercutir en las rentas que pagan las personas que viven en inmuebles arrendados.

Por su parte, el priista Gabriel Elizondo sostuvo que la legislación debe respetar las atribuciones de los ayuntamientos y reconocer las diferencias económicas entre municipios.

El legislador también advirtió que una eventual modificación de los valores catastrales podría traducirse en mayores cobros para las familias, aunque la reforma no aumente directamente el predial.

Maki Ortiz plantea acercar valores catastrales y comerciales

Desde el oficialismo, la senadora del Partido Verde, Maki Ortiz, defendió la posibilidad de utilizar la plataforma para mejorar la información sobre las propiedades y acercar los valores catastrales a los comerciales.

“Ojalá podamos lograr que esta plataforma, que ahora es de información, luego sea una plataforma en donde se pueda realmente estar seguro que los precios no se modifican y que se acercan los valores catastrales a los valores comerciales, para que se paguen los impuestos justos del predial”, expresó.

Sus declaraciones alimentaron el debate sobre el alcance que podría tener la herramienta en el futuro.

Mientras el oficialismo sostiene que el objetivo consiste en organizar la información inmobiliaria, la oposición considera que esa base de datos podría facilitar ajustes posteriores en las contribuciones.

La diferencia entre ambos planteamientos se centra en las consecuencias que tendría una eventual actualización de los valores catastrales sobre el monto que pagan los propietarios.

PAN cuestiona los límites de la intervención federal

El senador panista Mario Vázquez cuestionó que la reforma no establezca con suficiente claridad los límites de la participación federal en las atribuciones municipales.

El legislador recordó que el artículo 115 de la Constitución reconoce competencias de los municipios relacionadas con su hacienda y con la administración de los ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria.

Vázquez advirtió que los ayuntamientos necesitan esos recursos para financiar sus obligaciones y servicios públicos. Por ello, pidió evitar medidas que reduzcan su capacidad de decisión sobre el impuesto predial.

La discusión también involucra el funcionamiento de los catastros municipales y la posibilidad de compartir información en una plataforma nacional. La oposición demanda garantías para impedir que la centralización de datos se convierta en una pérdida de autonomía local.

MC y PRI relacionan la reforma con el valor comercial

Las senadoras Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, y Carolina Viggiano, del PRI, alertaron sobre un posible “predialazo”.

Ambas legisladoras relacionaron la reforma con propuestas para calcular el impuesto a partir del valor comercial de las propiedades, una discusión que también se ha presentado en el Valle de México.

La priista Anabell Ávalos cuestionó, además, la situación patrimonial de algunos integrantes de Morena y planteó dudas sobre el pago del impuesto por propiedades que, según sus declaraciones, habrían recibido mediante herencias o regalos.

Sus señalamientos formaron parte de las críticas de la oposición durante el debate legislativo.

¿Qué puede cambiar para los propietarios?

La Clave Única Catastral busca concentrar información sobre los inmuebles en una plataforma nacional. Sin embargo, el alcance de esa herramienta y sus efectos fiscales dependerán de las reglas de operación y de las decisiones que adopten las autoridades facultadas.

La creación del registro no significa, por sí sola, que todos los propietarios deban pagar más predial. Para determinar si habrá incrementos será necesario conocer las disposiciones aplicables a los valores catastrales y al cálculo del impuesto en cada municipio.

Por ahora, el principal cuestionamiento de la oposición consiste en evitar que la nueva plataforma facilite aumentos posteriores o debilite las atribuciones municipales.

El debate continuará alrededor de la transparencia de los registros, la autonomía de los ayuntamientos y las posibles consecuencias para las finanzas familiares.

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