Autoridades de Baja California aseguraron el inmueble e iniciaron investigaciones por presuntas irregularidades operativas y violaciones a derechos humanos.
Por Agenda QR. -La Fiscalía General del Estado de Baja California y autoridades sanitarias locales aseguraron y clausuraron las instalaciones de un centro de rehabilitación vinculado al colectivo conocido como Patrulla Espiritual en Tijuana. La intervención judicial y administrativa se derivó del fallecimiento de un interno al interior del inmueble, un hecho que activó carpetas de investigación para determinar las causas del deceso y deslindar responsabilidades penales sobre el personal a cargo del recinto.
El suceso sitúa nuevamente bajo escrutinio público los métodos operativos de organizaciones privadas y de carácter religioso dedicadas al tratamiento de adicciones en el norte del país. Aunque el grupo cobró notoriedad en plataformas digitales mediante videos que documentan internamientos forzosos bajo una retórica de rescate espiritual, defensores de garantías individuales y especialistas en salud pública han advertido sobre los riesgos clínicos y legales que implican estas prácticas no reguladas.
Operativo ministerial y revisión de normatividad sanitaria
Elementos ministeriales y peritos de la fiscalía estatal acudieron al inmueble ubicado en la zona urbana de Tijuana para procesar la escena e iniciar el levantamiento de indicios periciales. Paralelamente, los inspectores de regulación sanitaria colocaron sellos de clausura formal tras constatar que el establecimiento carecía de las certificaciones técnicas mínimas, protocolos médicos adecuados y manuales de atención para personas en condición de vulnerabilidad y consumo problemático de sustancias.
Las indagatorias iniciales apuntan a establecer si el interno perdió la vida a consecuencia de negligencia médica, omisión de cuidados o agresiones físicas durante su estancia o traslado. Asimismo, las autoridades procedieron a revisar el estatus legal de los demás residentes alojados en el inmueble para verificar si permanecían en el lugar de manera voluntaria o mediante retenciones ilegales de la libertad, notificando la situación a sus familiares directos.
El debate sobre los centros de adicciones y derechos humanos
El cierre del establecimiento reabre el debate sobre la falta de supervisión estatal efectiva respecto a los anexos y centros de rehabilitación que operan al margen de las directrices de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama). En diversas entidades fronterizas, la proliferación de estos espacios ha sustituido la ausencia de infraestructura hospitalaria pública suficiente para atender el abuso de sustancias complejas como el fentanilo y las metanfetaminas.
Finalmente, organizaciones civiles enfatizaron que el tratamiento de las adicciones debe responder a criterios científicos, médicos y de apego irrestricto a los derechos humanos, lejos del sensacionalismo en redes sociales. La resolución ministerial del caso marcará un precedente relevante en Baja California sobre los límites legales y la responsabilidad penal de agrupaciones civiles que ejercen coerción física amparadas en discursos de ayuda comunitaria.
