La Secretaría de Marina otorgó contratos a empresas de Christian Julián Cazarín Meza pese a su declaración de culpabilidad por corrupción.
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La Secretaría de Marina otorgó contratos para realizar diversas obras en el puerto de Tampico a empresas relacionadas directamente con Christian Julián Cazarín Meza. Este empresario mexicano se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por participar en una trama de corrupción internacional destinada a pagar sobornos a funcionarios vinculados con Pemex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Contratos otorgados por la Marina
Los convenios oficiales fueron adjudicados durante los años 2024 y 2025. En ese periodo, Christian Julián Cazarín Meza ya había comparecido ante una corte federal ubicada en Nueva York para aceptar su responsabilidad en la conspiración destinada a violar la legislación estadounidense contra prácticas corruptas.
Una de las compañías beneficiadas fue Constructora Terco, donde el implicado figura como socio fundador y administrador único. El primer acuerdo se firmó el 12 de julio de 2024 a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, ascendiendo a más de 21 millones de pesos.
Vínculos con la red de sobornos
El historial del empresario incluye su participación como intermediario en esquemas ilícitos operados por la comercializadora Vitol. La investigación del Departamento de Justicia estadounidense documentó que los pagos ilícitos buscaban obtener información confidencial sobre contratos prioritarios dentro del sector energético nacional.
Las transferencias financieras utilizaron empresas fantasma y cuentas en el extranjero para dificultar su rastreo. Además, los involucrados recurrieron a comunicaciones cifradas mediante WhatsApp, utilizando palabras clave como zapatos, medicina e invitaciones para encubrir los montos distribuidos.
Ampliación de contratos y permisos
A pesar de las acusaciones formales en su contra, Christian Julián Cazarín Meza continuó expandiendo su presencia comercial. Paralelamente a sus actividades como intermediario, sus empresas obtuvieron contratos millonarios con dependencias gubernamentales en diferentes entidades federativas para el desarrollo de diversas obras.
Incluso meses después de abrirse el proceso judicial en Estados Unidos, autoridades estatales le concedieron permisos oficiales para el manejo y transporte de residuos especiales, consolidando una red de operaciones que sigue bajo el escrutinio público.
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