Francisco García, trabajador de la estación en Bacalar, señaló que les informaron que ya no hay prisa por concluir la obra. El líder sindical Antonio González corroboró la escasez de contratos para horas extras.

De acuerdo con el convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el monto destinado al Fofisp en 2024 será de 16 millones 912 mil 462 pesos, lo que representa una disminución de más de 1.3 millones respecto al año anterior.

Este trágico hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 4 horas, cuando el motociclista transitaba a la altura de la avenida Contoy y la Supermanzana 16, con rumbo al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Este hecho violento, de acuerdo con datos extraoficiales, ocurrió a la altura de la 75 avenida, cerca de la medianoche de este lunes.

En el lugar estaba también César García Lagunas, abogado defensor de unas familias que denunciaron que el pasado 7 de febrero fueron agredidas por elementos policíacos durante un desalojo, en estas colonias irregulares.

Las autoridades defienden que se trata de una obra sin precedentes que busca preservar el medio ambiente. No obstante, los retrasos constantes han generado críticas de quienes cuestionan la planeación y ejecución del proyecto.

Líderes campesinos, comerciantes y empresarios coincidieron en que el fin de los contratos generó un escenario de desempleo que no ha sido atendido por autoridades.

Las autoridades correspondientes acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias, aunque hasta el momento no se han dado a conocer avances en la identificación de los agresores ni las causas que motivaron el ataque.

Sin embargo, de acuerdo con Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Náuticos de Cancún, las autoridades federales, estatales y municipales han hecho caso omiso a los llamados, alegando falta de atribuciones o competencia para atender el problema.

Si bien coincidió en la necesidad de elevar las prestaciones de jubilación, Martínez enfatizó que "el fin no justifica los medios" y calificó como inadecuado disponer de cuentas inactivas por más de diez años sin consentimiento de sus dueños.