En un operativo conjunto de los tres niveles de gobierno, las autoridades han asegurado una presunta "casa de seguridad" en la zona de Calderitas, en la capital del estado de Quintana Roo.

El secretario de educación, Carlos Manuel Gorocica Moreno, detalló que a pesar de la ausencia de personal educativo en las instalaciones, el panorama fue positivo, con solo un incidente registrado en una primaria de Cancún. Allí, los delincuentes ingresaron a la bodega del plantel, pero no causaron mayores daños.

El director general de la AGEPRO, José Alberto Alonso Ovando, resaltó que "la protección del patrimonio de Quintana Roo es una prioridad. No permitiremos que actos ilegales comprometan los bienes que pertenecen a las y los ciudadanos. Esta acción es una muestra del compromiso del gobierno estatal por garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión de los terrenos del Estado".

Esta acción, realizada sin previo aviso a los usuarios, desató un aluvión de quejas en redes sociales, ya que muchos habitantes, incluidos estudiantes, dependen de este servicio para desplazarse diariamente.

Estas acciones se produjeron a pesar de que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha dejado claro que no ha autorizado dichos incrementos.

Los actuarios y elementos de Seguridad Pública llevaron a cabo la diligencia de embargo a la altura del kilómetro 9 del bulevar Kukulcán, en la parte trasera del Centro de Convenciones. El operativo, que duró aproximadamente dos horas, fue apoyado por la Policía Estatal, quienes acordonaron el área durante las labores.

Según informaron prestadores de servicios de la zona, si bien han recibido visitantes nacionales e internacionales, no han sido suficientes para generar los ingresos necesarios para enfrentar los siguientes tres meses, temporada baja en la que las ventas caen drásticamente.

En la reunión, celebrada a puerta cerrada en la ciudad de Cancún, participaron líderes clave del sector, como Rubén Carrillo, secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún; Vicente Noya, presidente de Turicun; Francisco Palma, presidente del Consejo de Autocar; y Erasmo Abelar, ex líder de taxistas, entre otros. Coincidieron en que la situación actual es insostenible y que requieren un ajuste urgente en las tarifas para poder continuar brindando el servicio.

Según el presidente de AMATUR, los turistas tienen la libertad de elegir el servicio de transporte que mejor se adapte a sus necesidades, siempre y cuando cuente con los permisos y regulaciones correspondientes. Sin embargo, los bloqueos en las principales vías de comunicación son inaceptables y generan un impacto perjudicial para la industria turística.

Según la representante de socios conductores de Uber en Cancún, Agueda Esperilla, esta protesta probablemente provenga de los "operadores de taxi piratas" e incluso del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), quienes ven afectados sus intereses por la presencia de Uber en el aeropuerto. Esperilla denunció la existencia de una "mafia de transportistas tolerados por las autoridades federales y por la concesionaria" que ofrece servicios irregulares, enfrentándose constantemente con la plataforma digital.