La delincuencia organizada continúa ejerciendo un férreo control sobre la región, cobrando un alto tributo a empresarios y ciudadanos, que viven con miedo ante la escalada de violencia. Las autoridades han intensificado los operativos, pero parecen incapaces de frenar el avance de los grupos criminales.

Según fuentes oficiales, la operación es el resultado de una estrategia integral que busca desarticular las estructuras del crimen organizado y recuperar el control de la seguridad en el municipio de Bacalar, en beneficio de los habitantes de la región.

Raúl Andrade Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, expresó su preocupación por la seguridad tanto de los turistas como de la población local, ya que gran parte del turismo en la zona se desplaza por esta carretera.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, y la Policía Municipal de Bacalar, han acordonado la zona y desplegado un operativo para atender la emergencia. Por el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el accidente, pero las investigaciones ya se han iniciado para esclarecer los hechos.

“Al principio se pensaba que podría entrar a tierra por Cancún, ahora se está valorando que entrará en el sur de Quintana Roo por Chetumal. Tenemos que cuidar Chetumal que es frágil ante este tipo de fenómenos, toda esa zona que es baja”, expresó.

La comunidad de El Gallito, ubicada a 83 kilómetros de Bacalar, es considerada un lugar clave para la delincuencia organizada, y ha sido escenario de al menos dos enfrentamientos armados en las últimas semanas, dejando un muerto, cinco vehículos quemados, 11 casas baleadas y 15 personas secuestradas.

Los manifestantes mencionaron que las constantes fallas en la energía eléctrica en ocasiones llegan a durar más de tres días, y por ello este domingo decidieron bloquear la carretera federal como modo de protesta.

Los inconformes bloquearon un carril de la unión entre la carretera federal 307, a Bacalar, con la vía a Escárcega, en exigencia del pago de un adeudo de cerca de 90 millones de pesos, por parte de contratistas del Tren Maya.

A través de pancartas y carteles, los habitantes acusaron a las autoridades de servir a intereses de una organización delictiva que disputa el control del tráfico de drogas, pistas y contrabando de personas en la zona. Esto se da luego de que el 14 y 20 de junio se registraran ataques y enfrentamientos entre grupos criminales en el área, dejando un saldo de al menos dos personas fallecidas.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Quintana Roo descubrieron el cuerpo de la víctima en la entrada de la comunidad, el cual presentando múltiples impactos de bala y estaba acompañado de un mensaje relacionado con el narcotráfico.