Inversionistas y acreedores enfrentan un litigio tras el colapso financiero de la Sofom, mientras el Congreso exhorta a reguladores federales a blindar los activos.

Por Agenda QR. -El colapso de la financiera Préstamo Feliz escaló al ámbito legislativo federal. Cientos de personas afectadas reclaman más de 2 mil 500 millones de pesos. La empresa otorgaba créditos con descuento directo a nómina. Actualmente, acumula denuncias por fraude en Nuevo León y un proceso de insolvencia mercantil. Esta crisis amenaza el patrimonio de particulares y jubilados, tanto en México como en el extranjero.

El conflicto cobró relevancia nacional tras un exhorto del Senado de la República. Los legisladores se dirigieron a las autoridades del sistema financiero mexicano. Las víctimas temen que posibles transferencias de activos diluyan la masa concursal. Por ello, buscan asegurar la recuperación de su capital tras años de operaciones opacas.

Acciones judiciales y proceso mercantil

En el ámbito penal, la Fiscalía de Nuevo León integra once denuncias por fraude. Dos carpetas de investigación ya llegaron ante un juez. La autoridad vinculó a proceso al socio fundador Eduardo García Alanís. En contraste, Fernando García Sada obtuvo la libertad provisional, lo que generó inconformidad entre los representantes de las víctimas.

En abril de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito declaró el concurso mercantil bajo el expediente 6701/2025-I. La etapa de conciliación legal busca formalizar acuerdos con los acreedores. Sin embargo, los denunciantes advierten sobre los tiempos procesales. La dispersión de los pasivos representa un obstáculo severo para restituir los recursos comprometidos.

Exhorto en el Senado y supervisión financiera

Ante este escenario, la Comisión Permanente y el Senado pidieron la intervención de las autoridades. Exigen acciones claras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Ángel Cabrera Mendoza, y a la Condusef. Los reguladores deben vigilar posibles ventas o cambios de control en BanFeliz, entidad ligada al grupo empresarial, frente a firmas como Grupo Klu.

Los legisladores enfatizaron la necesidad de revisar los marcos de solvencia patrimonial. De esta manera, evitarán maniobras que dejen desprotegidos a los acreedores. El caso pondrá a prueba la eficacia judicial y reactiva el debate sobre la supervisión de entidades financieras no bancarias.