Cártel del Noreste enfrenta sanciones de OFAC por presunta infiltración electoral, contratos públicos y lavado de dinero con caballos.
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El Cártel del Noreste (CDN) habría establecido una red de presunta corrupción política, control de contratos públicos y lavado de dinero entre Tamaulipas, Nuevo León y Estados Unidos, de acuerdo con señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
La investigación, desarrollada en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), describe un esquema que presuntamente permitía a la organización intervenir en elecciones, influir en gobiernos municipales y canalizar recursos ilícitos mediante empresas constructoras, inmobiliarias y negocios vinculados con las carreras de caballos.
Según la información difundida, el grupo habría aprovechado su presencia en la frontera de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, para establecer relaciones con funcionarios y empresarios, así como para influir en la asignación de contratos de obra pública.
Cártel del Noreste habría intervenido en elecciones
La OFAC señaló que el Cártel del Noreste presuntamente financiaba campañas electorales y presionaba a autoridades locales para favorecer a determinados candidatos y, posteriormente, obtener beneficios mediante contratos públicos.
Entre las empresas identificadas en el expediente figuran Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), relacionadas con Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías.
De acuerdo con los señalamientos, CEGESA habría canalizado recursos en efectivo a campañas políticas. Después, una vez que los candidatos respaldados por la organización llegaban al poder, la compañía presuntamente recibía contratos públicos y subcontrataba parte de los trabajos con personas vinculadas al grupo criminal.
Por su parte, COPASA habría suministrado materiales para las obras, lo que permitía concentrar distintas etapas de los proyectos en empresas relacionadas entre sí. La investigación sostiene que ambas compañías figuraban entre las constructoras autorizadas por el CDN para operar en Nuevo Laredo a principios de 2026.
OFAC sanciona empresas vinculadas con el grupo criminal
Las medidas anunciadas también alcanzaron a negocios de los sectores inmobiliario, gasolinero, construcción y transporte. Entre las empresas mencionadas aparecen Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
La OFAC también identificó a Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, como presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
Según el expediente, Guajardo Álvarez estaría relacionado con las operaciones regionales de tráfico de armas y drogas. La información también refiere que fue detenido en 2020 por su presunta participación en el homicidio de servidores públicos, aunque posteriormente recuperó la libertad.
En el ámbito del transporte, las sanciones incluyeron a Tamex Logistics, también identificada como Tamex Leasing, y a su despachador, Francisco Javier Inzunza Partida. Las autoridades estadounidenses señalaron que detectaron envíos de cocaína ocultos en tambores de freno de remolques comerciales con destino a Estados Unidos.
Cártel del Noreste habría lavado millones con carreras de caballos
Otro componente de la investigación se concentra en la compra, crianza y entrenamiento de caballos de carreras de cuarto de milla en Estados Unidos.
De acuerdo con la OFAC, durante un periodo de 30 meses, la red habría inyectado más de 16 millones de dólares en operaciones realizadas en Texas, Oklahoma, Nuevo México y California. Mediante estas actividades, presuntamente logró introducir más de 22 millones de dólares al sistema financiero a través de premios y apuestas.
El mecanismo habría consistido en adquirir ejemplares de alto valor genético mediante subastas, utilizando prestanombres y empresas relacionadas con la red empresarial investigada.
Posteriormente, los caballos competían en carreras y festivales hípicos. Los ingresos obtenidos mediante premios y apuestas podían presentarse como ganancias legítimas de la actividad deportiva, según la investigación estadounidense.
Los señalamientos también vinculan a Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías con la administración de la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León. Ambos habrían participado en la gestión de establos, la contratación de entrenadores y el pago de gastos relacionados con la actividad hípica.
Club La Molienda, señalado como centro de operaciones
La investigación ubica al Club La Molienda, en las afueras de Nuevo Laredo, como uno de los espacios utilizados por la organización para desarrollar sus actividades relacionadas con las carreras de caballos.
El establecimiento funcionaba como hipódromo, restaurante y bar. Además de cobrar entradas a competidores y espectadores, habría servido como punto de encuentro para operadores del grupo criminal y para la realización de competencias con ejemplares procedentes de Estados Unidos.
Según la información atribuida a la OFAC, antes de su clausura en abril de 2026 por autoridades mexicanas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el recinto mantenía un sistema de apuestas cruzadas con el Casino Centenario.
Ese mecanismo permitía realizar apuestas sobre las carreras desde las instalaciones del casino. Las actividades hípicas también habrían facilitado relaciones entre los operadores investigados y distintos participantes de los sectores empresarial y político.
Los señalamientos describen una estructura que habría conectado presuntos recursos del narcotráfico con empresas constructoras, contratos públicos, transporte de mercancías y apuestas deportivas a ambos lados de la frontera.
La información difundida por el Departamento del Tesoro estadounidense coloca la presunta infiltración política y el lavado de dinero entre los principales componentes de la red atribuida al Cártel del Noreste. Las acusaciones deben entenderse como señalamientos de las autoridades y no, por sí mismas, como una sentencia judicial contra las personas mencionadas.
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