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El 25 de marzo de 2025, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, legislador de Morena, lo que significa que no se continuará con la investigación en su contra por presuntos delitos sexuales. La decisión fue tomada con una votación de 291 votos a favor y 158 en contra y 12 abstenciones, lo que refleja una clara división en el legislativo sobre cómo manejar los casos de acusaciones graves contra sus miembros.

La controversia gira en torno a las acusaciones que pesan sobre Blanco, quien ha manifestado su disposición para acudir a la Fiscalía, asegurando que su “conciencia está tranquila”. Sin embargo, la determinación del Congreso ha generado críticas tanto de la oposición como de la sociedad civil, que ven en esta decisión un posible encubrimiento de actos delictivos en un entorno donde la impunidad sigue siendo un problema grave en México.

El fuero, que protege a los legisladores de ser juzgados por acciones realizadas en el ejercicio de su cargo, ha sido objeto de debate en diversas ocasiones. En este caso, los defensores de la medida argumentaron que el proceso judicial debe seguir su curso antes de considerar un desafuero, mientras que los detractores sostienen que el fuero no debería ser un escudo para quienes enfrentan acusaciones serias.

La decisión de la Cámara se produce en un contexto donde la violencia de género y los delitos sexuales están en el centro de la discusión pública en México. Las organizaciones de derechos humanos han señalado la necesidad urgente de que se tomen medidas efectivas para garantizar que los acusados enfrenten la justicia, independientemente de su posición política.

A medida que la polémica continúa, queda claro que el caso de Cuauhtémoc Blanco no solo afecta su carrera política, sino que también plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en el país. La sociedad espera que las autoridades actúen con firmeza ante estos delitos, en un momento crítico para la justicia en México.

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