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El Gobierno de Solidaridad ha decidido imponer una multa de un millón de pesos a la desarrolladora inmobiliaria Cadu, tras un incendio que se prolongó durante casi un mes. Lourdes Várguez Ocampo, secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de Solidaridad, anunció la sanción debido al daño ambiental que ha afectado a la región desde hace más de dos meses, aunque aún no se ha especificado la extensión de los terrenos afectados por el siniestro.
El incendio no solo ha tenido repercusiones ambientales, sino que también ha impactado la salud de los habitantes cercanos, quienes se vieron obligados a inhalar el humo durante semanas. Esta situación ha generado un creciente malestar en la comunidad, que ha exigido respuestas y acciones efectivas por parte de las autoridades. El fuego, que se originó en terrenos privados, ha sido atribuido a prácticas de limpieza de terrenos por parte de invasores que buscan construir viviendas en áreas ejidales.
Jacqueline Alcocer Dzib, octava regidora del Ayuntamiento de Solidaridad, ha denunciado que muchos de los incendios fueron provocados deliberadamente por estas personas, lo que ha llevado a la apertura de denuncias penales desde hace varios meses. Alcocer ha señalado que estas acciones podrían estar dirigidas a acelerar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, facilitando así la obtención de permisos municipales para la construcción.
La falta de una respuesta contundente por parte de Cadu y la situación de los terrenos afectados han generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los residentes de Solidaridad. Las autoridades locales están considerando un proceso administrativo contra la desarrolladora, lo que podría tener repercusiones adicionales en sus operaciones en la región.
Ante este panorama, los ciudadanos esperan que la multa impuesta y las posibles acciones legales sirvan como un precedente para que las empresas actúen con mayor responsabilidad ambiental y social en el futuro. La situación pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta y un compromiso real por parte de las autoridades para proteger el medio ambiente y la salud de la población.
