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Aún con ganar amparo, Uber necesita regularse para operar en Quintana Roo

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La controversia en torno a la operación de Uber en Quintana Roo ha alcanzado un nuevo capítulo tras la reciente decisión de un juez federal. A pesar de que la compañía de transporte ganó un amparo contra la Ley de Movilidad del estado, la sentencia no le otorga un permiso irrestricto para operar. Esta resolución pone de manifiesto las tensiones entre la regulación estatal y la necesidad de un marco legal claro para las plataformas digitales de transporte.

El Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Cancún, resolvió a favor de Uber en el juicio de amparo 530/2023-VII el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, el juez enfatizó que el servicio ofrecido a través de plataformas digitales no puede ser tratado de la misma manera que el transporte público. Esta distinción resalta las preocupaciones sobre las “restricciones prohibitivas” impuestas por la legislación local, que limita la operación de servicios de transporte privado sin un permiso específico.

El juez argumentó que la prohibición del servicio de transporte a través de vehículos privados carece de justificación razonable y no representa una amenaza al orden público. “El hecho de que se preste el servicio por un particular, de manera privada, no permite justificar la prohibición al derecho de dedicarse a una actividad lícita”, concluyó el magistrado. Esta afirmación resuena en un contexto donde las plataformas digitales están redefiniendo el transporte urbano.

No obstante, la sentencia también reafirmó la facultad del Congreso del Estado de legislar sobre el transporte a través de plataformas electrónicas. A pesar de que se reconoce el derecho de Uber a operar, el amparo no elimina la necesidad de regulación. Las autoridades deben establecer un marco que contemple la seguridad de los pasajeros y la responsabilidad de los conductores, incluyendo requerimientos como la obtención de permisos y seguros adecuados.

En un estado turístico como Quintana Roo, la falta de un marco regulatorio claro podría tener repercusiones significativas. La balanza entre la innovación en el transporte y la seguridad pública continúa en el centro del debate. La decisión del juez podría ser un llamado a los legisladores para que trabajen en una regulación que beneficie tanto a las empresas como a los usuarios, evitando así un vacío legal que afecte a todos los involucrados.

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