Las investigaciones del órgano fiscalizador federal derivaron en múltiples querellas ante los tribunales del país por desvíos en la cuenta pública
Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación inició treinta y un expedientes de indagación penal en el país; por consiguiente, la ASF presenta 21 denuncias penales federales este martes en la Ciudad de México ante la Fiscalía General de la República por un probable perjuicio patrimonial de seiscientos millones de pesos. El encargado de la institución hacendaria, Aureliano Hernández Palacios Cardel, notificó que las investigaciones involucran directamente a treinta servidores públicos de los tres órdenes gubernamentales. Este procedimiento legal deriva formalmente del análisis correspondiente a los informes iniciales de la Cuenta Pública 2025 de la nación.
Combate efectivo a la corrupción
El Poder Legislativo agilizó las capacidades regulatorias del organismo mediante reformas publicadas por la Cámara de Diputados y el Senado; de este modo, se redujeron drásticamente los plazos burocráticos institucionales. El funcionario estatal subrayó que los procesos indagatorios previos demoraban de dos a tres años en iniciar, mientras que las actuales modificaciones constitucionales posibilitan la intervención inmediata. Las autoridades federales transfirieron los expedientes a la fiscalía para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios identificados, reportándose además treinta carpetas administrativas graves asociadas a colusiones en contrataciones.
Fiscalización integral y rescate municipal
El órgano fiscalizador modificó radicalmente su metodología tradicional mediante la implementación de un esquema integral; asimismo, se abandonó definitivamente el viejo formato de revisiones fragmentadas para adoptar mejores prácticas internacionales. La reestructuración técnica permitirá revisar la totalidad de los fondos ejercidos por las dependencias públicas, proyectando dos mil doscientos cuarenta y cuatro auditorías anuales distribuidas en todo el territorio mexicano. La cobertura incluye mil setecientos treinta y tres entes gubernamentales y mil doscientos setenta y seis municipios fiscalizados, lograda mediante convenios firmados con treinta auditorías de las entidades federativas.
Certificación y herramientas sancionatorias
La Comparecencia ante la Comisión de Vigilancia detalló la verificación de veintinueve mil setecientas treinta y seis transferencias financieras equivalentes a más de trescientos mil millones de pesos. La intervención oportuna permitió la recuperación histórica de recursos retenidos para dos mil cuatrocientas setenta y ocho alcaldías, quedando pendiente por aclarar únicamente un millón cuatrocientos mil pesos. Finalmente, el próximo miércoles 1 de julio operará el Comité de Gestión de Competencias para emitir cinco certificaciones oficiales, distribuyéndose simultáneamente la guía metodológica denominada Documentar para sancionar entre los entes jurídicos encargados.
