Los mandos de seguridad informaron que arrestan a diez funcionarios de la corporación tras comprobarse abusos en un despliegue operativo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un grave caso de violación a los derechos humanos ha sacudido las estructuras de seguridad en el sureste mexicano, provocando la captura inmediata de varios servidores públicos estatales. La Fiscalía General del Estado de Chiapas cumplimentó la captura de diez de sus propios elementos operativos y ministeriales, tras la filtración de un material videográfico que evidenció abusos severos contra dos ciudadanos. El titular de la institución de justicia, Jorge Luis Llaven Abarca, puntualizó que las agresiones físicas registradas ocurrieron en el marco de un dispositivo policial diseñado originalmente para el combate al robo de unidades motrices. Por consiguiente, la dependencia estatal designó a una célula de investigación especializada para profundizar en las indagatorias, logrando detener a los involucrados para ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente.
Detalles de la agresión
Las conductas criminales perpetradas por los empleados de la corporación judicial se difundieron masivamente a través de diversas plataformas de comunicación digital, alertando a la opinión pública sobre las malas prácticas policiales. En las secuencias visuales recopiladas se observa explícitamente cómo los servidores públicos infligieron sufrimiento físico y psicológico a dos personas retenidas, recurriendo al método de colocarles bolsas plásticas en la región cefálica para cortarles el suministro de aire. De esta forma, el fiscal general del estado condenó enérgicamente los sucesos y aseguró que las identidades de los participantes directos están plenamente corroboradas mediante los análisis forenses del video. Asimismo, el funcionario estatal advirtió que las pesquisas se mantendrán vigentes con la finalidad de esclarecer si existen más mandos o elementos involucrados en los repudiables hechos ocurridos el 14 de marzo en Tuxtla Gutiérrez.
Rangos de los implicados
El grupo de personas presentadas ante los tribunales locales para la definición de su situación jurídica se encuentra integrado por nueve varones y una mujer adscritos a distintas áreas de la fiscalía. Las autoridades ministeriales confirmaron que entre los aprehendidos figuran un subdirector de área, tres agentes del Ministerio Público, un secretario de acuerdos, así como cinco elementos pertenecientes al cuerpo de la policía de investigación. Las instalaciones de la corporación permanecen bajo estricta vigilancia institucional, en tanto que las fiscalías especializadas procesan las imputaciones conducentes por el delito de tortura y los que resulten de las indagatorias en curso. Las autoridades de la entidad buscan enviar un mensaje de cero tolerancia ante los abusos de poder cometidos bajo el amparo de placas oficiales.
