Maru Campos señaló que existe una disparidad en la forma en que se perciben las acciones de seguridad dentro de la política actual tras caso de los agentes de la CIA
Chihuahua, Chihuahua. La titular del ejecutivo en Chihuahua, Maru Campos, manifestó su postura crítica frente a la reciente operatividad de los agentes de la CIA en territorio mexicano y los señalamientos emitidos desde el extranjero contra Rubén Rocha Moya. Según la mandataria, existe una evidente parcialidad en los criterios utilizados para evaluar el desempeño de los actores políticos y las estrategias de protección ciudadana en el país. Campos puntualizó que resulta contradictorio observar cómo se estigmatiza a quienes ejecutan operativos para la destrucción de centros de fabricación de narcóticos, mientras que simultáneamente se otorgan defensas institucionales inquebrantables a personajes envueltos en controversias internacionales.
🔴“Vámonos enterando de quién es quién”, vuelve a decir Maru Campos
— Azucena Uresti (@azucenau) May 5, 2026
La gobernadora de Chihuahua se refirió al caso de los agentes de la CIA en México y a las acusaciones de EU contra Rubén Rocha Moya.
“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue… pic.twitter.com/3PfVmxMnkm
Controversia y defensa política
Durante su intervención, la gobernadora enfatizó que las acciones enfocadas en prevenir que los estupefacientes alcancen a la juventud y a los núcleos familiares deberían ser valoradas con mayor objetividad por la opinión pública. De acuerdo con su visión, el discurso gubernamental parece proteger a ciertos perfiles de manera enérgica, al tiempo que descalifica los esfuerzos tácticos de las fuerzas del orden. Por consiguiente, la jefa del gobierno chihuahuense instó a la sociedad a realizar un análisis profundo sobre el origen de estas narrativas, sugiriendo que es fundamental identificar las verdaderas intenciones detrás de cada postura política en este complejo escenario de seguridad.
Es pertinente recordar que los agentes de la CIA tienen la encomienda oficial de recolectar datos estratégicos y realizar análisis de inteligencia fuera de las fronteras estadounidenses para salvaguardar sus intereses nacionales. No obstante, estas figuras carecen de facultades legales para fungir como cuerpos policiales o realizar detenciones directas dentro de la soberanía de otras naciones. Por consiguiente, la interacción de estos elementos con las instituciones mexicanas debe limitarse estrictamente al intercambio de información y vigilancia de grupos terroristas. De esta forma, la presencia de inteligencia extranjera añade una capa de complejidad a las críticas de la gobernadora, quien demanda una transparencia total en las colaboraciones bilaterales.
Inteligencia y equidad mediática
La mandataria estatal evitó profundizar en detalles operativos específicos sobre las investigaciones en curso, sin embargo, centró su discurso en la exigencia de una equidad informativa que no favorezca a intereses particulares. Mientras tanto, el debate sobre la influencia de las agencias foráneas en la política interna de México continúa generando suspicacias en diversos sectores de la administración pública. Asimismo, la gobernadora reiteró que el combate a la delincuencia organizada no debe ser utilizado como una herramienta de golpeteo mediático diferenciado, especialmente cuando la integridad de las familias mexicanas se encuentra en una situación de vulnerabilidad constante frente al tráfico de sustancias químicas.
Para concluir, Campos Galván subrayó que el escrutinio sobre las autoridades debe ser uniforme y libre de sesgos ideológicos que entorpezcan la justicia. A medida que se revelan más datos sobre la cooperación con el país vecino, la funcionaria insiste en que la población merece conocer con claridad los acuerdos que rigen la seguridad del Estado. Por lo tanto, mientras los agentes de la CIA mantienen sus labores de observación, el llamado desde Chihuahua es hacia una política de rendición de cuentas que no distinga entre aliados y adversarios. De esta manera, se busca que la percepción pública se fundamente en resultados tangibles y no en la protección discrecional de figuras gubernamentales en turno.









