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Acusan en Texas a 21 miembros de La Nueva Familia Michoacana

Agentes federales de Estados Unidos presentaron los resultados de la investigación contra la organización criminal en Texas.

La Fiscalía de Texas acusa a 21 presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana por tráfico de drogas y armas.

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La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas presentó una acusación formal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana. El gobierno de Estados Unidos designó a esta organización criminal mexicana como grupo terrorista extranjero en 2025.

Además, la acusación deriva de una investigación conjunta entre diversas agencias federales. En las pesquisas participaron el FBI, el HSI, la DEA y la ATF.

Durante una conferencia de prensa realizada el viernes, el fiscal federal Justin Simmons destacó el alcance transnacional del grupo. El funcionario advirtió que las operaciones delictivas impactan directamente a distintas comunidades estadounidenses.

“Lo que quiero que todos entiendan de este caso y de tantos otros que llevamos aquí en el Distrito Oeste de Texas es que los cárteles no son solo un problema mexicano”, afirmó Simmons.

Líderes y red de La Nueva Familia Michoacana

De acuerdo con los fiscales, La Nueva Familia Michoacana consolidó una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas, personas y armas. Asimismo, la red ejecuta operaciones de lavado de dinero y extorsión desde México hasta Texas.

La acusación identifica a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga como presuntos dirigentes del grupo. Ambos asumieron el liderazgo en 2011 y construyeron un amplio entramado criminal.

Por otra parte, los funcionarios federales sostienen que el cártel introdujo miles de kilogramos de metanfetamina, cocaína y heroína a Estados Unidos. Para operar, establecieron casas de seguridad en Buda y Bastrop, Texas, donde almacenaban drogas, armas y personas.

La investigación también reveló un esquema de intercambio comercial con ciudadanos chinos. El grupo entregaba minerales extraídos de minas mexicanas a cambio de precursores químicos para fabricar drogas.

Tráfico de armas hacia territorio mexicano

La fiscalía acusa a La Nueva Familia Michoacana de adquirir armamento en Estados Unidos para trasladarlo a México. Con este equipo, la organización protege sus rutas de contrabando y mantiene el control territorial.

Entre el arsenal asegurado destacan fusiles calibre .50, rifles AR-15, armas de 7.62 milímetros y lanzacohetes. También hallaron vehículos modificados con soportes para ametralladoras de uso militar.

Al respecto, Robert Topper, agente especial adjunto de la ATF en Houston, explicó el enfoque de las indagatorias. Señaló que rastrearon una red dedicada a comprar y enviar armas hacia organizaciones criminales en México.

“El tráfico ilegal de armas de fuego alimenta la violencia, fortalece a las organizaciones criminales y terroristas transnacionales y amenaza la seguridad pública a ambos lados de la frontera”, declaró Topper.

Decomisos y lavado de dinero en Texas

Las autoridades identificaron un esquema de lavado que movilizó millones de dólares desde Estados Unidos hacia México. Para ello, los implicados utilizaron traslados clandestinos de efectivo y transferencias bancarias binacionales.

En el centro de Texas, agentes de la DEA decomisaron más de mil 100 libras de metanfetamina, 100 libras de cocaína y 500 gramos de fentanilo. Además, recuperaron bienes adquiridos con recursos ilícitos cuyo valor supera el millón de dólares.

En ese sentido, Brendan Hanratty, agente especial de la DEA en Austin, señaló a Antonio Ojo de Agua y Abraham Espinosa Madrigal. Ambos figuran en la acusación como responsables de distribuir cocaína y metanfetamina en esa región texana.

Situación legal de los acusados en México

Finalmente, el fiscal Simmons reconoció que varios de los 21 acusados permanecen en territorio mexicano. Otros implicados ya se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Por ello, Estados Unidos espera colaborar con el gobierno mexicano para lograr el traslado de los prófugos. De los 21 señalados, 19 enfrentan posibles condenas de cadena perpetua y dos podrían recibir hasta 20 años de prisión federal.

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