Activistas entregan miles de firmas en el Senado para exigir que el legislador Enrique Inzunza enfrente acusaciones sin fuero
Ciudad de México. Un grupo de activistas y ciudadanos entregó formalmente este martes veintinueve de septiembre de 2026 ante el Senado de la República más de veintitrés mil firmas ciudadanas para exigir que el senador Enrique Inzunza se separe de su escaño y enfrente sin el beneficio del fuero constitucional las investigaciones y acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa social, impulsada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, fue acompañada por una petición legal presentada simultáneamente ante la Cámara de Diputados para iniciar un proceso de declaración de procedencia que permita retirar la inmunidad procesal al legislador.
Antecedentes y acusaciones
Durante la entrega de los documentos recopilados mediante la plataforma digital Change.org en un periodo aproximado de quince días, los promotores aclararon que la exigencia no prejuzga sobre la culpabilidad del funcionario, sino que busca garantizar que responda a los señalamientos legales sin la protección del cargo público. Las imputaciones surgieron el pasado veintinueve de abril, cuando la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Inzunza, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos y cometer delitos relacionados con armas, aunque el Departamento de Justicia estadounidense recordó que todos los involucrados gozan de presunción de inocencia.
Postura y trámite legislativo
Por su parte, Enrique Inzunza ha rechazado públicamente las acusaciones al catalogarlas como falsas, separándose el pasado veintiséis de agosto de la bancada de Morena para mantenerse como senador independiente y solicitando a la Fiscalía General de la República concluir sus propias indagatorias. Mientras que la Mesa Directiva del Senado y el grupo parlamentario oficialista declinaron recibir la documentación ciudadana, la senadora Paloma Sánchez aceptó la entrega oficial y se comprometió a dar el seguimiento correspondiente al reclamo social.
