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Tras reformas al Código Penal local aprobadas por el Congreso estatal, la Fiscalía de Quintana Roo deberá investigar de manera activa los casos de extorsión en la entidad, un delito que afectaba severamente a empresarios.

La modificación establece que la persecución de este ilícito, que consiste en obligar u obtener un beneficio mediante amenazas o violencia, se llevará a cabo de oficio. Con ello, las autoridades tendrán la obligación legal de dar seguimiento a una denuncia, más allá de que la víctima decida retirarla.

De acuerdo con la legislación actualizada, la extorsión atenta contra la integridad, patrimonio y libertad de las personas. Por tal motivo, la pena máxima se elevó a 25 años de cárcel y multas de hasta 1,500 días de salario mínimo.

Con estas medidas, el gobierno espera frenar los altos índices de este delito en la entidad y garantizar que no quede impune. Los empresarios, por su parte, confían en que ahora denunciarán sin temor a represalias.

El endurecimiento de las sanciones y la persecución activa de las autoridades son pasos necesarios para disuadir a la delincuencia y restablecer la tranquilidad en Quintana Roo.