La corte del Quinto Circuito respalda a Texas y frena protecciones para empleadas embarazadas al cuestionar las reglas legislativas aplicadas durante el covid-19.
Por Agenda QR. -Una ofensiva judicial impulsada desde Texas acaba de abrir una grieta institucional sobre las leyes aprobadas durante la emergencia sanitaria en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó este viernes que el paquete de gasto federal de 2022 carece de validez constitucional. La sentencia surge de un litigio laboral, pero cuestiona el mecanismo de votación a distancia que usó el Congreso bajo Joe Biden.
El litigio de Texas que frenó las garantías laborales
El origen del revés judicial radica en una demanda que interpuso en 2023 el fiscal general texano, Ken Paxton. El funcionario estatal buscó bloquear la aplicación local de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, integrada en aquel presupuesto federal. Esta normativa obliga a los empleadores a garantizar adaptaciones razonables para el personal en estado de gestación.
Aunque la corte precisó que su dictamen aplica exclusivamente en territorio texano, organizaciones civiles advierten sobre un efecto dominó regional. Inimai Chettiar, presidenta de la agrupación A Better Balance, alertó que otros jueces federales del circuito podrían replicar este criterio. De ocurrir ese escenario, miles de mujeres perderían respaldo legal frente a negativas patronales en varios estados del sur.
Choque jurídico por las reglas de votación en pandemia
El núcleo de la controversia reside en cómo la Cámara de Representantes reunió el cuórum necesario hace cuatro años. Durante los picos de contagio por coronavirus, los legisladores delegaron su sufragio en colegas presentes para evitar riesgos sanitarios. Así, el pleno aprobó la iniciativa con 225 votos a favor, pero 226 congresistas participaron mediante representación a distancia.
Por nueve votos contra ocho, la mayoría judicial ratificó una sentencia previa de 2022 e invalidó ese procedimiento parlamentario. El juez Cory Wilson, designado por Donald Trump, argumentó en el fallo que el Ejecutivo nunca demostró una emergencia real para alterar la Constitución. En contraste, el juez disidente James Graves Jr., nombrado por Barack Obama, criticó exigir presencia física cuando ningún legislador objetó el cuórum en su momento.
Un precedente riesgoso para 1.7 billones de dólares
Más allá de la disputa laboral en Texas, la resolución expone la fragilidad jurídica de una legislación valorada en 1.7 billones de dólares. Aquel paquete financiero sostuvo la operación ordinaria de múltiples agencias gubernamentales durante todo el ejercicio fiscal. Además, canalizó 45 mil millones de dólares en asistencia militar y estratégica para Ucrania y los aliados de la OTAN.
El mismo instrumento presupuestal liberó otros 40 mil millones de dólares para atender emergencias por desastres naturales en territorio estadounidense. Especialistas constitucionales observan con cautela el fallo, pues sienta bases para impugnar otras normas aprobadas bajo el mismo esquema remoto.








